Ginebra, 5 de mayo.

El Comité de la Organización de Naciones Unidas contra la Tortura comparó hoy el abuso sexual cometido por sacerdotes con actos de tortura y criticó los intentos del Vaticano por evadir su responsabilidad jurídica en los casos ocurridos fuera de su territorio, así como sus métodos para castigar a los religiosos involucrados.

Los cuestionamientos del comité que se encarga de supervisar la Convención de la ONU contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes –adoptada por la organización mundial en 1984– se hicieron durante la presentación del primer informe del Vaticano sobre la materia, 12 años después de que ratificó el protocolo.

El arzobispo Silvano Tomasi, embajador del Vaticano ante la ONU, enfrentó las críticas del comité con el argumento de que sólo se aplican las disposiciones de la convención dentro de los límites de ciudad del Vaticano, que tiene menos de mil habitantes y cuya área es de unos 800 metros cuadrados.

La santa sede piensa concentrarse exclusivamente en la ciudad-Estado del Vaticano, dijo el nuncio. Las autoridades estatales están obligadas a proteger y, en caso necesario, perseguir a personas que estén en su jurisdicción.

Asimismo, el embajador aseguró que el Vaticano trabaja actualmente para poner la casa en orden, en respuesta a la ola de denuncias surgidas en los últimos 15 años.

Ha habido, en varias áreas documentables, una estabilización e incluso una disminución en la cantidad de casos de pederastia, afirmó Tomasi, quien recibió una lista de preguntas elaboradas por los miembros del comité, que lo citó para este martes con el fin de que responda al cuestionario, vinculado a temas de jurisprudencia y legalidad.

Los expertos de la ONU preguntaron por qué el informe de la santa sede sobre la implementación del tratado se había demorado casi una década, y por qué el Vaticano cree que su responsabilidad en cuanto a la protección contra la tortura sólo aplica dentro de su territorio en Roma.

¿Cómo garantizan ustedes que la prohibición a la tortura en la ciudad del Vaticano abarque a todos los individuos sobre los cuales tienen jurisdicción?, preguntó la jurista estadunidense Felice Gaer, miembro del comité.

Gaer apuntó que, en cualquier caso, todos los representantes y funcionarios de un Estado, incluso fuera de sus fronteras, están sujetos a las leyes de su país de origen.

El Estado del Vaticano es una subdivisión de la santa sede, así como el cantón de Ginebra es una subdivisión de Suiza, afirmó Gaer.

Su afirmación de que los representantes de la Iglesia católica fuera del Estado del Vaticano están excluidos de la Convención nos preocupa y no es conforme a nuestros procedimientos, indicó.

El comité solicitó también a la delegación del Vaticano que publique las medidas adoptadas contra los clérigos acusados de abuso sexual y que se garantice que fueron suspendidos de sus funciones.

Gaer pidió además que se notifique sobre el número exacto de sacerdotes suspendidos, así como de las investigaciones y juicios abiertos contra presuntos autores de delitos.

En caso de que el comité concluya que el abuso sistemático equivale a tortura, las consecuencias legales para la Iglesia católica podrían ser significativas, en virtud de que en la actualidad enfrenta litigios civiles en varias partes del mundo, derivados de denuncias por violación y vejación de menores por religiosos. Los expertos de la ONU tienen previsto publicar sus conclusiones el 23 de mayo próximo.

Katherine Gallagher, abogada de derechos humanos en el Centro de Derechos Constitucionales, un grupo sin fines de lucro con sede en Nueva York, dijo que ese hallazgo podría desencadenar una catarata de demandas por abusos cometidos durante décadas, porque no hay prescripción para los casos de tortura.

Gallagher, cuyo grupo representa a las víctimas de abusos sexuales del Vaticano, dijo que la violación puede constituir legalmente una forma de tortura debido a sus elementos de intimidación, coerción y explotación de poder.

Las preguntas del comité sobre tortura versaron realmente sobre violencia sexual y violación, y dejan en claro que estos actos caen dentro de la definición de tortura y de las obligaciones del Vaticano según la convención sobre la tortura, explicó Gallagher después de la audiencia, a la que acudieron representantes de diversas organizaciones civiles, incluida Barbara Blaine, de la organización de Sobrevivientes de Abusos de Sacerdotes de Estados Unidos (SNAP, por sus siglas en inglés).

Un reconocimiento del comité de tortura de que este es uno de los delitos más significativos podría abrir realmente las puertas a un nuevo nivel de procesos y demanda de responsabilidad, afirmó.

La comparecencia del nuncio Tomasi, en Ginebra, es la segunda ocasión este año en la cual un representante de la Iglesia católica es interrogado sobre los abusos a menores por religiosos.

El informe del Vaticano sobre la tortura fue presentado casi tres meses después de que la ONU interrogó a sus representantes y divulgó un informe sobre los derechos de los niños en el que señaló que la Iglesia católica no tomó las medidas necesarias para tratar los casos de menores abusados sexualmente por sacerdotes.

El papa Francisco, que tras su designación el año pasado dejó el tema de lado, pidió en abril perdón a todos los afectados por los abusos de religiosos. En marzo el pontífice argentino nombró a un grupo de ocho personas –cuatro hombres y cuatro mujeres, entre quienes está una irlandesa víctima de abuso– para que lo asesore en este asunto. El sábado anterior, los integrantes de esta comisión dijeron tener el propósito de crear protocolos claros y efectivos para que los obispos rindan cuentas si encubren a sacerdotes, aunque no hablaron de medidas jurídicas vinculantes.