Ciudad Juárez, Chih., 3 de mayo.

Los abogados de Israel Arzate Meléndez, quien fue torturado por militares para que confesara estar involucrado en la masacre de 16 jóvenes en la colonia Villas de Salvarcar, solicitaron una indemnización económica como reparación de daños, pues estuvo arraigado sin pruebas durante casi cuatro años.

Guadalupe Meléndez, madre del acusado, dijo que durante el juicio se comprobó que su hijo era inocente, no había pruebas en su contra más que la autoconfesión y un testimonial inventado, por lo que tiene derecho a la indemnización. Recordó que hace dos semanas la Procuraduría General de la República (PGR) indemnizó con alrededor de 9 millones de pesos a la familia de Guillermo Vélez Mendoza, por orden de un juez federal, en un caso similar al de Arzate, al comprobarse la tortura y falsa acusación.

Relató que su hijo fue detenido el 10 de febrero del 2010 por militares comisionados al Operativo Coordinado Chihuahua siete días después de la masacre de Villas de Salvarcar. Hasta noviembre de 2013 se logró su libertad, después que los abogados interpusieron un amparo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que no había elementos en su contra y procedía su excarcelación.

La familia de Israel Arzate solicita una indemnización y disculpa pública a su hijo por el daño que se provocó con su detención, donde se le criminalizó sin tener pruebas consistentes.

Por las irregularidades del caso, el abogado Ramón Gerardo Quintana Villasana, ex director del Cereso estatal en Ciudad Juárez, hoy Cefereso 9, está acusado de permitir que militares comisionados al Operativo Conjunto Chihuahua sacaran a Israel Arzate para que lo torturaran en las instalaciones de la guarnición de la plaza.

La juez de garantía Carmen Leticia Prieto Ruiz determinó que el expediente debe ser analizado por los juzgados federales, debido a que los militares están involucrados en la tortura. Esta acusación penal se presentó como parte de la recomendación 49/11 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al Gobierno de Chihuahua y se ejerció contra Gerardo Quintana Villasana, quien ocupa el cargo de director de Análisis, Control y Evaluación de la Fiscalía General del Estado, que antes se conocía como Contraloría Interna.

El Ministerio Público comisionado a la sala 6 de la Ciudad Judicial clasificó la actuación de Quintana Villasana como constitutiva de delitos cometidos en el ámbito de la ejecución penal y de ejercicio ilegal del servicio público, ambos cometidos en contra de Arzate Meléndez y la sociedad.