La tortura es un fenómeno generalizado en México, en gran medida porque las fuerzas de seguridad aún la utilizan como medio para obtener declaraciones autoinculpatorias usadas en procesos judiciales, y sobre todo por la impunidad casi absoluta que gozan los perpetradores, afirmó el relator especial de la Organizacion de Naciones Unidas (ONU) sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez.

En conferencia de prensa, el relator presentó un resumen de su visita de 12 días al país, durante los cuales se reunió con funcionarios y activistas y visitó cárceles, estaciones migratorias, centros de detención de menores y hospitales siquiátricos en Nayarit, Nuevo León, Baja California, estado de México, Chiapas y el Distrito Federal.

Luego de enfatizar su agradecimiento a las autoridades mexicanas por su disposición a ayudarlo en sus labores –con excepción de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, donde le negaron el acceso–, Méndez señaló que en México existe una situación generalizada del uso de la tortura y los malos tratos como medio de investigación criminal.

Esta situación se presenta todavía con mayor intensidad, aseveró el especialista argentino, en los delitos relacionados con la delincuencia organizada, y estos actos normalmente quedan en la más flagrante impunidad.

Llamó la atención sobre la tendencia a recurrir primero a la detención de las personas para luego investigar posibles delitos y consignar ante la justicia.

Esta privación de la libertad, en su mayoría sin previa intervención judicial, expone a las personas a una situación de mayor vulnerabilidad ante posibles actos de tortura y malos tratos, alertó.

Por otra parte, aunque destacó el surgimiento de nuevas estrategias de seguridad pública con perspectiva de derechos humanos y la disminución de la presencia castrense en algunas regiones, manifestó su preocupación por la continua militarización de varias zonas del país y la persistente participación de mandos del Ejército en corporaciones civiles de seguridad.

Subrayó que aun cuando organismos oficiales de derechos humanos le reportaron un descenso en las denuncias de tortura y malos tratos en los últimos años, durante su visita pudo conocer un alarmante número de quejas y testimonios verosímiles, y supo de casos documentados sobre estas prácticas perpetradas por las fuerzas armadas y los cuerpos policiacos.

Indicó que el uso de la tortura y los malos tratos aparecen excesivamente relacionados con la obtención forzada de confesiones y a la averiguación de información, y detalló que esa práctica se comete mediante insultos, amenazas intimidatorias y golpes con puños, pies y palos en diversas partes del cuerpo.

De igual forma, se utilizan bolsas para causar asfixia, toques eléctricos generalmente en los genitales, desnudez forzada y violencia sexual, entre otras prácticas, agregó.

Destacó el papel del arraigo como instrumento que facilita las condiciones para cometer tortura y mencionó que existe una ausencia de exclusión de pruebas obtenidas malos tratos, deficiencia en la asesoría legal de los defensores públicos y falta de exámenes médicos independientes y exhaustivos para comprobar ese delito.

A propósito de las cárceles y otros centros de detención, Méndez subrayó que las condiciones de dichos sitios pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, en particular las relacionadas con el hacinamiento, la mala calidad e insuficiente cantidad de comida, la precariedad y tardanza en la atención médica, así como la usual arbitrariedad en la aplicación de sanciones.

El relator sostuvo que su informe completo es de carácter confidencial y será entregado a finales de octubre al Comité de Derechos Humanos de la ONU, organismo que sacará sus conclusiones sobre el tema luego de analizar el documento de Méndez y la respuesta del gobierno mexicano.

Asimismo, en una reunión en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el relator destacó que el país aún tiene importantes desafíos para erradicar esta práctica y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Como parte de sus recomendaciones preliminares, propuso disminuir la utilización de la figura del arraigo.

Sugirió incluir medidas de reparación integral para los afectados, realizar investigaciones prontas y expeditas en casos de presuntas violaciones a los derechos humanos, garantizar el derecho al debido proceso, la homologación del tipo penal de tortura a escala nacional, de conformidad con los estándares internacionales, y regular el uso legítimo de la fuerza pública.

El relator expresó que el mayor número de casos en los que se presume la comisión de la tortura ocurren entre la detención y la puesta a disposición del presunto responsable.

El gobierno de México agradeció las recomendaciones y refrendó su compromiso de cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos y para coordinar esfuerzos con el fin de dar cumplimiento a dichos señalamientos.