El programa Oportunidades continúa violando los derechos humanos de las mujeres indígenas a decidir sobre su cuerpo y el número de hijos que quieran tener o no, y su asistencialismo es cada vez más autoritario, aseveró Martha Sánchez Néstor, coordinadora del Programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB).

Ello, en respuesta al anuncio de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, de que familias indígenas con más de tres hijos ya no tendrán apoyo de ese programa, ya que la procreación se está viendo como forma de que ingrese más dinero al hogar.

Otros representantes comunitarios y de organizaciones sociales criticaron la postura de Robles Berlanga y sus declaraciones superficiales y ­desafortunadas.

Carlos Beas, de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni), advirtió que el gobierno federal priísta reincide en la imposición de programas de control de la natalidad que violentan y desconocen la cultura de las comunidades indígenas y específicamente los derechos de las mujeres.

¿Dónde queda el derecho a decidir de las mujeres?, se preguntó la dirigente amuzga guerrerense Sánchez Néstor, señalando que es más preocupante que ese programa Oportunidades. Alertó sobre el riesgo de que el gobierno mexicano regrese a épocas en que las administraciones priístas impusieron programas de esterilización masiva y de implantación del diafragma intrauterino (DIU) a las indígenas sin su consentimiento e incluso sin informarlas.

Con ello coincidió Beas, quien consideró que la posición de Robles Berlanga es la de una política urbana que desconoce la concepción indígena y rural de la familia, donde el mayor número de hijos es una forma de apoyar en el trabajo del campo y, por tanto, en el sustento de la familia, pero también una forma de compensar la alta mortalidad infantil que se padece.

Igualmente, Alejandra Ancheita, directora de la organización Prodesc, consideró que las declaraciones de Robles Berlanga son una total falta de respeto a los derechos reproductivos de las mujeres de los pueblos originarios, además de un acto discriminatorio que podría estar basado únicamente en las opiniones personales de dicha funcionaria.

Para Ancheita, además de una declaración superficial y desafortunada, los señalamientos de Robles dejan ver que la servidora pública está tomando sus propias opiniones como si fueran la política oficial del gobierno, lo cual obliga a la Sedesol a explicar cuáles son las bases para afirmar que las familias indígenas con más de tres hijos ya no pueden ser beneficiarias de programas sociales.

En el mismo sentido, Daniela Díaz, investigadora del Centro de Análisis e Investigación Fundar, subrayó que luego de revisar las reglas de operación de Oportunidades, no encontró ningún apartado donde se hablara del número de hijos de una solicitante como elemento para aceptarla o rechazarla.

“Es una especie de declaración no argumentada, muy subjetiva. En ninguna parte del programa nacional México sin hambre 2014-2018, publicado el 30 de abril en el Diario Oficial de la Federación, se menciona nada de eso”, añadió la especialista en temas presupuestales.

La Sedesol debería ser sensible y cuidadosa con estos temas, y está sumamente fuera de lugar que diga esto, un día después de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informó que 53 por ciento los niños y adolescentes pasan hambre, recalcó.

El programa Sin Hambre del gobierno de Enrique Peña Nieto –promovido mediante la Sedesol– no resuelve nada, ni el hambre ni la miseria que viven millones de habitantes del país, afirmaron maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ayer en Zacatecas.

Los maestros Magdaleno Toledo, Jorge Gallegos y Laurentino Díaz, en nombre de sus compañeros de la sección 22, criticaron la postura de Rosario Robles de condicionar la entrega de subsidios a los indígenas del país que tengan más de tres hijos.

(Con información de Alfredo Valadez R., Corresponsal)