Cancún, QR, 2 de mayo.

El Congreso local aprobó por mayoría la Ley de Ordenamiento Cívico, en sustitución de la Ley de Ordenamiento Social, que fue desechada en su totalidad debido a que contenía disposiciones contrarias al derecho a la manifestación.

El legislador perredista explicó que la nueva legislación que envió el Ejecutivo estatal, luego que hizo un análisis jurídico de la primera ley, que no llegó a promulgarse, fue suavizada, pues deja al libre albedrío pedir permiso para realizar alguna movilización, mientras la extinta fijaba un mínimo de 48 horas para ello.

La nueva ley entrega al Poder Ejecutivo estatal la facultad de disuadir manifestaciones, cuando se obstaculice el paso de personas a sus centros de trabajo y servicios de emergencia. Asimismo se eliminaron las sanciones impagables, pues eran hasta de 5 mil salarios mínimos. No obstante, sigue viva la pretensión de disolver manifestaciones cuando haya bloqueos en carreteras o edificios públicos.

Explico que luego que fue aprobada la ley –el pasado miércoles 30 de abril– el Ejecutivo estatal dispone de 10 días para publicarla en el Periódico Oficial del estado. Los ayuntamientos también deberán crear sus reglamentos para armonizarla.

En su opinión, la Ley de Ordenamiento Cívico es similar a un bando de policía y buen gobierno, pero a nivel estatal, pues es sobre responsabilidades de los ciudadanos que sacan a pasear sus mascotas, por ejemplo.

Dijo que todo indica que la ley se diseñó para entrar en vigor antes de que empiece la 39 edición del Tianguis Turístico, pues hay el temor de que docentes se manifiesten; no dudo que los cabildos convoquen a sesiones extraordinarias el fin de semana para hacer sus modificaciones, enfatizó.

Recordó que en la votación sólo hubo tres votos en contra: uno del PT, otro del PRD y uno del PAN. El pasado 24 de marzo, el PRI y el Partido Verde aprobaron la Ley de Ordenamiento Social que prohibía protestar en zonas históricas o turísticas, así como en avenidas principales; obligaba a los manifestantes a solicitar permiso con al menos 48 horas de antelación, prohibía injurias en las protestas y los bloqueos en carreteras y avenidas.