Integrantes del Frente Indígena y Campesino de México y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional instalaron ayer un plantón frente a la Procuraduría General de la República (PGR), donde realizarán una huelga de hambre en demanda de que el Ministerio Público Federal cumplimente las órdenes de aprehensión contra quienes en 2010 asesinaron a los defensores de derechos humanos Bety Cariño y Jyri Jaakkola, en el municipio de San Juan Copala, Oaxaca,

Omar Esparza, esposo de Cariño, indicó que se mantiene la demanda de justicia, toda vez que han transcurrido cuatro años de estos homicidios, ocurridos cuando ambos activistas participaban en una caravana de observación que pretendía ingresar a San Juan Copala para saber las condiciones en que se encontraba la comunidad, ante la amenaza de grupos de hombres armados que impedían a los pobladores salir.

Alrededor de 200 personas provenientes de Oaxaca e integrantes de las organizaciones antes mencionadas permanecen frente al acceso principal de la PGR, y aunque por algunas horas cerraron el tránsito en la lateral del Paseo de la Reforma, de norte a sur, al cruce con la calle Río Neva, después se instalaron en la banqueta y permitieron la circulación de los autos.

Luego de realizar un mitin en la representación del estado de Oaxaca en el Distrito Federal, a las 11 de la mañana, los inconformes arribaron en marcha a la PGR, en cuyos accesos colocaron mantas con la leyenda Clausurado por incompetentes; a cuatro años del asesinato, exigimos justicia verdadera, y Se busca a los asesinos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola.

Ante observadores de la Comisión de Derechos Humanos del DF y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Omar Esparza dio inicio a su ayuno por tiempo indefinido, al cual se sumaron los activistas Gabriel Ángel Pérez, Reyna Hernández, Rigoberto Benítez y Jorge Albino Ortiz.

Luego de reunirse con el secretario particular de Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, Karla Michel Salas, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, subrayó en entrevista que no aceptarán que dicho organismo se deslinde de este caso afirmando que la encargada de cumplimentar las órdenes de captura es la Procuraduría de Oaxaca.

Es cierto que quien tiene las órdenes de aprehensión es la procuraduría local, pero no confiamos en el gobierno de Oaxaca. Además, por las características de los asesinatos y el tipo de armas que se utilizaron, el caso es de la PGR, porque se rebasan las posibilidades materiales y humanas del gobierno estatal, enfatizó.