Este martes partió una caravana de 2 mil poblanos a la ciudad de México, para exigir al gobierno federal el cese de la criminalización de la lucha social en Puebla e inmediata libertad de los presos ambientalistas Enedina Rosas Vélez, Abraham Cordero Calderón y Juan Carlos Flores Solís, encarcelados por oponerse a la construcción del Gasoducto Morelos y el Arco Poniente.

En la Marcha por la Defensa de los Derechos Humanos y So- ciales participaron, entre otros, el Movimiento Nacional Los de Abajo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala, así como familiares de los ambientalistas y labriegos de comunidades rurales de las faldas del volcán Popocatépetl.

Temprano, el contingente salió de las casetas de peaje del municipio de San Martín Texmelucan y arribó al palacio legislativo de San Lázaro en la capital del país, donde efectuaron un mitin para respaldar a la diputada federal Roxana Luna Porquillo, quien presentó un punto de acuerdo para crear una comisión que esclarezca la presunta violación de derechos humanos cometidas por el gobierno de Puebla contra opositores a los proyectos.

La legisladora precisó que el gobierno del estado emprendió una persecución contra investigadores universitarios, como el doctor Ricardo Pérez Avilés, de la Benemérita Universidad Autonóma de Puebla (BUAP), quien fue amenazado junto a su familia por asesorar a campesinos de la región de los volcanes, que serán afectados por el paso del gasoducto Morelos.

Al respecto, diputados de PRD, PT y Movimiento Ciudadano se unieron a la exigencia de que el mandatario estatal detenga la persecución y acoso a ciudadanos que defienden la propiedad de sus tierras y del agua en la zona oriente de los volcanes.

Simón González, representante de los comuneros informó que el gobierno pretende despojar mil 20 hectáreas de riego en una zona que produce 60 por ciento de las verduras de hoja y hortalizas a la ciudad de México.

El gasoducto pasará a 31 kilómetros de distancia del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, y estudios del área de Geofísica de la UNAM y del Centro Universitario de Prevención de Desastres de la BUAP alertan de la existencia de riesgo eruptivo.

La diputada Luna Porquillo exhortó al mandatario Moreno Valle Rosas a instalar mesas de diálogo en las que se consulte a las comunidades y al sector académico sobre la viabilidad de los megaproyectos que se pretenden realizar en esa entidad.

El contingente prosiguió su ruta a las oficinas de la Secretaría de Gobernación, donde se reunieron con representantes del gobierno federal, a quienes pidieron cumplimiento a los acuerdos pactados el 25 de junio pasado.

Su periplo continuó al Tribunal Permanente de los Pueblos, donde depositaron un expediente sobre el caso en Puebla; y concluyó en las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde interpusieron una queja colectiva contra las violaciones a las garantías por el gobierno poblano.