De nada sirven las condenas si la mayor parte de los delitos no son castigados conforme a la ley, aseguró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, quien dijo que el combate la impunidad sólo se podrá lograr con el cumplimiento irrestricto del estado de derecho y con un impulso decidido a la cultura de la legalidad.

Al inaugurar el coloquio internacional Un llamado contra la pena de muerte, el ombudsman nacional señaló que la impunidad y la delincuencia han creado en varios lugares del mundo un ambiente de aparente impotencia social, que puede y suele producir una sed de venganza y/o justicia, como la llaman algunos, de propia mano.

Una legislación penal que en vez de romper con la violencia reacciona dentro de esta dinámica con más violencia, puede sin quererlo crear una cadena de mayor brutalidad, indicó.

Planteó que uno de los grandes desafíos del mundo contemporáneo es promover un cambio sustancial en favor de una perspectiva humanista de nuestros sistemas jurídicos.

“Para lograrlo, es inaplazable que juntos, autoridades de todos los países, instituciones académicas, ombudsman y organizaciones de la sociedad civil asumamos el compromiso de hacer conciencia y suprimir la pena de muerte de nuestras normas legales. Su abolición universal es una necesidad para un mundo en progreso y que aspira a mejores niveles de justicia y desarrollo”, añadió.

Puntualizó que no hay justificación alguna para la aplicación de la pena de muerte, ya que el respeto a la vida es uno de los principios que sustentan la construcción de estados modernos. “No hay ninguna prueba que permita tener la certeza de que ésta ayuda en buena medida a combatir la delincuencia. Hay suficientes pruebas de que es totalmente contraria al sentido mismo de la dignidad del ser humano, y no podemos admitirla en forma alguna.

“La pena de muerte –agregó– también es una muestra de cómo se llevan a cabo esa serie de torturas y tratos crueles para llegar a la privación de la vida.”

Recordó que la CNDH da seguimiento a los casos de 62 mexicanos que esperan una condena de muerte en el extranjero, 59 de ellos en distintas entidades de Estados Unidos, y tres en Malasia.

Plascencia Villanueva lamentó las recientes ejecuciones en Estados Unidos de los mexicanos Ramiro Hernández Llanas y Édgar Tamayo, de quienes estaba demostrado que hubo violaciones flagrantes a sus derechos humanos.

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, comentó que Hernández Llanas es el sexto prisionero ejecutado en lo que va del año, y es uno de los 51 mexicanos que fueron sentenciados a pena de muerte, sobre los cuales el Estado mexicano inició y ganó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por la violación, en todos y cada uno de los casos, de sus garantías consulares.

La Oficina del Alto Comisionada expresó su pena y su real angustia porque por un lado ni la junta de perdones de Texas ni el gobernador de ese estado adoptaron pasos específicos para prevenir y evitar que en esta ejecución, como en las anteriores, Estados Unidos continúe violando sus obligaciones internacionales, señaló Hernández Valencia.