Opinión
Ver día anteriorLunes 28 de abril de 2014Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Dictamen sobre la nueva Ley de Movilidad
U

n mes después de que el doctor Miguel Mancera asumió la jefatura de gobierno de la ciudad de México, diversos especialistas advirtieron la urgencia de sacar a la capital del país de la inmovilidad en que se encuentra en términos del traslado de la población por medio del transporte público y privado. Un problema que se agrava con el paso de los días y que involucra también a los 15 millones de habitantes que viven en la zona conurbada.

No sólo se trata de privilegiar el transporte público eficiente sobre el particular, sino de disponer de vías de desplazamiento adecuadas y articuladas a escala metropolitana. Esto daría por fruto mejor calidad de vida de la población gracias a menos contaminación atmosférica y auditiva, menor tiempo de desplazamiento y, por ende, uso más racional de los hidrocarburos en tiempo en que todos hablan de contribuir a detener el cambio climático. Cabe señalar que la movilidad se redujo drásticamente los últimos 30 años. Hoy durante una cuarta parte del día oscila entre dos y cuatro horas.

Esa inmovilidad convierte ciertas áreas de la urbe en un enorme estacionamiento. No distingue clase económica, aunque la padecen menos quienes se trasladan por medio del transporte público, pero en cambio sufren la saturación de ese sistema. Las autoridades anuncian medidas para solucionar el problema. Pero en no pocas ocasiones lo que prometen se contrapone con lo que aprueban las propias instancias de gobierno. Un caso ocupó recién la atención de quienes habitan la avenida Las Palmas y zonas aledañas, en la delegación Miguel Hidalgo. Esta avenida y muchas otras están saturadas por el transporte, especialmente el privado. La parte baja de esa vialidad está invadida por oficinas diversas, restaurantes, comercios y consultorios médicos. La parte intermedia y alta se ha salvado de esa transformación y sigue siendo habitacional, como mar­ca el Plan Parcial de De­sarrollo vigente.

Sin embargo, se intentó dar un paso inicial para modificar su fisonomía y el carácter con la construcción de un edificio de cinco pisos en 700 metros cuadrados de superficie para albergar una escuela de idiomas. El predio está a escasos 100 metros de la iglesia de San José de la Montaña y cerca de la calle Monte Líbano, área con muchos problemas de movilidad vehicular. La autorización de cambio de uso del suelo de unifamiliar y habitacional a comercial y de oficinas, debía darla la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), a cargo del ingeniero Simón Neumann. Los vecinos consideraron que de aprobarse dicho cambio se abriría la puerta a la especulación inmobiliaria y a extender esa parte de Las Lomas, lo que ya padecen vecinos de Polanco y Anzures, por ejemplo.

La pretendida escuela de idiomas más que doblaba la altura máxima de construcción permitida en la zona, igual que la densidad de construcción. Contaría apenas con 10 cajones de estacionamiento cuando se esperaba un flujo de personas cercano a 3 mil. Para suplir el déficit se ofrecía un sitio, que por allí no existe, para estacionar otros 65 coches. Por esa avenida transitan diariamente miles de vehículos particulares mientras el transporte público es pésimo.

La oposición de los vecinos y lo absurdo de la propuesta hizo que la Seduvi negara el cambio de uso del suelo. Se quitó además un escándalo político, pues quien deseaba establecer el negocio citado es esposa de un ex regente. No corren con la misma suerte vecinos de otras partes de la capital, donde, por la especulación inmobiliaria, brotan como hongos edificios para oficinas y departamentos sin los espacios de estacionamiento requeridos, sobrepasan la altura autorizada y violan otras normas contempladas en los planes de desarrollo. Es lo que afecta negativamente a los vecinos de varias colonias de las delegaciones Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc.

Esta semana debe estar listo el dictamen sobre la nueva Ley de Movilidad. Ojalá sus autores no olviden contemplar en ella no sólo el transporte y la vialidad, sino también el ordenamiento territorial sustentable. Y ponerle un buen candado a la corrupción, con la que frecuentemente se hermanan funcionarios, políticos y empresarios.