Guanajuato, Gto., 27 de abril.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Carlos Zamarripa, se niega a difundir los protocolos con perspectiva de género que debe aplicar tras las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado (PDHG) por la negligencia en la atención de mujeres víctimas de violencia, acusó la diputada priísta Erika Arroyo Bello.

Señaló que hasta la fecha no se conoce el contenido de dichos protocolos, y las evidencias de su aplicación; es un derecho elemental para dar garantías a las víctimas y sus familias, consideró la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso local.

Recordó que en tres ocasiones ha solicitado los protocolos de actuación que debe aplicar la PGJE ante los casos de violencia de género. Sin embargo, el fiscal ha dado el carácter de confidencial al de atención para las mujeres víctimas de violencia sexual, física y feminicida.

Por cuarta ocasión exijo a las autoridades estatales conocer y garantizar el uso de los protocolos exigidos y asumidos por el Estado mexicano. Guanajuato no puede seguir administrándose fuera de la dinámica federal, reiteró la legisladora.

Seis exhortos a la PGJE

Recordó que la CNDH emitió seis recomendaciones al gobernador Miguel Márquez Márquez porque la PGJE violó los derechos humanos de María de la Luz Salcedo Palacio, joven brutalmente golpeada por Miguel Ángel Jasso durante un intento de violación ocurrido el año pasado.

Además, la PDHG emitió 11 exhortos al procurador Carlos Zamarripa, al quedar demostrado que por negligencia y por no brindar protección a Laura Patricia Vázquez Aguilar, ella murió asesinada por su esposo y su hija está desaparecida.

Ambas tragedias son prevenibles en un sistema de justicia mínimamente funcional, ¿por qué confiar ciegamente, y sólo por dicho de las autoridades, las mujeres en este estado tienen garantías de acceso a la justicia?, cuestionó.

Arroyo Bello expresó que la PGJE no tiene que esperar una nueva recomendación de derechos humanos, la declaratoria de la alerta de género o un nuevo feminicidio para actuar.

Otros estados han cumplido con la entrega de los protocolos documentalmente y con garantes de aplicación. El procurador no tiene argumentos legales ni racionales para no difundirlo, concluyó.