Guanajuato, Gto., 25 de abril.

El gobernador Miguel Márquez Márquez advirtió hoy que no pagará 32 millones de pesos a los ejidatarios a quienes en el sexenio pasado se les expropiaron 77 hectáreas para la construcción del Puerto Interior Guanajuato (PIG) en el municipio de Silao. Arguyó que el caso aún está en litigio.

Por segundo día los campesinos protestaron ante el Congreso y acusaron al gobernador de mentiroso, pues no hay procesos en curso y desacata un mandato judicial y un decreto federal donde se estipula que debe pagar”, acusó Juan Gabriel Hernández Hernández, presidente del comisariado ejidal de la colonia Nuevo México.

Durante una gira por Irapuato, el mandatario panista dijo que (no se pagará), porque las instancias jurídicas aún no se agotan, por esa simple y sencilla razón nosotros no hemos sido vencidos en juicio; no puedo pagar un recurso hasta que no haya sentencia en firme”.

–¿En qué instancia está el caso de los ejidatarios?

–Lo está revisando el jurídico, lo que puedo decir es que cuando se agote la última instancia y haya sentencia firme, con todo gusto, no tendré problema en pagarles si así lo define la autoridad.

Sin embargo, el presidente del comisariado ejidal acusó: El gobernador es un payaso, no hay juicios, es mentira, nosotros ya concluimos todos los juicios, ya no les queda más que pagar.

Recordó que en el gobierno de Juan Carlos Romero Hicks (2000-2006), les expropiaron las tierras, pero el estado las pagó a un precio inferior al valor real.

Cuando se expropiaron las tierras el estado pagó 28 millones de pesos; en un amparo, el juez séptimo de distrito determinó que el valor era de 60 millones de pesos y había un adeudo de 32 millones, explicó el campesino. Relató que el gobierno del estado tramitó otro juicio de amparo y el 30 de octubre del 2013, un tribunal colegiado de circuito confirmó la sentencia en favor de los ejidatarios.

Hernández narró que los procesos legales están concluidos, por eso, el 30 de diciembre del año pasado, la Presidencia de la República publicó un nuevo decreto de expropiación, basado en las sentencias judiciales.

No ha depositado el dinero ni nos han contestado a nosotros ni al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, que el 3 de enero pidió al estado pagarnos, recriminó.

Los labriegos entregaron un escrito al Poder Legislativo, dirigido al presidente del Congreso, Galo Carrillo Villalpando, para que exhorte al Ejecutivo a cumplir con la sentencia judicial y el decreto presidencial. Nos dijeron que la próxima semana subirán el punto al pleno del Congreso, concluyó.

El gobierno expropió hace más de ocho años 77 hectáreas para la construcción del PIG, inmueble construido en mil hectáreas con una inversión federal y estatal de mil 500 millones de pesos. El PIG está constituido como sociedad anónima de capital variable y alberga a 76 empresas.