Pese a tener identificados a los responsables del asesinato de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaa-kkola, el gobierno federal se ha negado a cumplimentar las órdenes de aprehensión que existen contra ellos, por lo que los familiares de las víctimas efectuarán una jornada de protesta para obligar al gobierno a cumplir su responsabilidad.

Karla Michel Salas, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, indicó en conferencia de prensa que al menos 13 personas han sido identificadas como presuntos autores de los homicidios, luego de una investigación realizada por la fiscalía general de Oaxaca, pero ni las autoridades locales ni las federales las han detenido.

Sabemos sus nombres y que algunos de ellos son servidores públicos, pero se niegan a cumplimentar las órdenes de aprehensión con el argumento de que no pueden entrar a la zona controlada por la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), cuyos miembros habrían asesinado a los activistas.

Por su parte, Omar Esparza, esposo de Bety Cariño, lamentó que desde la muerte de su compañera y del activista finlandés –ocurridas el 27 de abril de 2010, cuando fueron atacados a tiros mientras se dirigían en caravana hacia la comunidad San Juan Copala–, los familiares de ambos han realizado las investigaciones, en lugar de las autoridades.

Los presuntos responsables de los homicidios, dijo –además de Rufino Juárez, preso en Oaxaca pero sin sentencia–, son Anastasio Juárez Hernández, Antonio Solano Vázquez, Juan Macario Bautista Martínez, Antonio Cruz García y Julio César Martínez Morales, este último funcionario del municipio de Juxtlahuaca.

También están involucrados Mauro Vázquez Ramírez, Silvino Ramírez López, Daniel Martínez López, Elías Cruz Merino, Antonio Cruz Merino, Bernabé Santiago Cruz (quien trabaja de promotor en la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) y Ramiro Domínguez García, sobre todos existen órdenes de aprehensión.

Para llamar la atención sobre el tema y obligar a las autoridades a actuar, Omar Esparza iniciará una huelga de hambre el 29 de abril ante la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, adonde llegará en marcha desde la representación del estado de Oaxaca en el Distrito Federal.

El 27 de abril dará inicio en redes sociales una campaña sobre el tema y el 28 se realizará un foro en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.