A pesar de los recientes avances legislativos para erradicar la tortura en México, dicha práctica ha aumentado considerablemente, en gran medida por el uso de la figura del arraigo y la militarización de la seguridad pública, advirtieron organizaciones civiles en el contexto de la visita al país del relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre tortura, Juan E. Méndez.

Luego de reunirse con el funcionario de la ONU el lunes anterior, los colectivos emitieron un comunicado conjunto, donde señalaron que la tortura ha ido en aumento en México, a pesar de que las autoridades firmaron la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

Recordaron que en 2012 el Comité de la ONU contra la Tortura dio a conocer un informe sobre México, el cual advierte que este fenómeno sigue siendo común en el país y va en aumento, sobre todo durante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria por las fuerzas de seguridad del Estado.

Las organizaciones de derechos humanos enfatizaron que el arraigo –elevado a rango constitucional en 2008– es uno de los elementos que han dado pie a gran número de casos de tortura, realizada principalmente en cuarteles militares, por lo que insistieron en eliminar dicha figura de la Carta Magna y abolirla por completo.

Durante su encuentro con Méndez, los colectivos subrayaron también que las denuncias por tortura aumentaron 500 por ciento durante el sexenio de Felipe Calderón, debido a la estrategia gubernamental de seguridad pública, basada en la participación del Ejército y la Marina, la cual siguió aplicándose en el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto.

De igual forma, indicaron que este delito sigue cometiéndose en México debido no sólo al arraigo, sino también a su uso como método de investigación para obtener confesiones autoinculpatorias, la falta de protocolos de detención, la utilización desmesurada de la prisión preventiva y la fuerza policial en manifestaciones, así como la falta de límites del fuero militar.

Otros temas mencionados por las organizaciones fueron la situación de las personas privadas de la libertad, los tratos crueles e inhumanos a los que son sometidas las mujeres en hospitales cuando van a parir, los abusos contra personas con enfermedades mentales, las irregularidades en las estaciones migratorias y la falta de investigación en casos de personas víctimas de desaparición.