El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José Antonio González Anaya, afirmó que las pensiones y las transiciones epidemiológicas en el país colocan al instituto bajo presión financiera, pero aun así se destinan recursos suficientes a la compra consolidada de medicinas.

Refirió que el IMSS, así como el Issste, las secretarías de Marina y Defensa Nacional, cinco hospitales de la Secretaría de Salud y cinco estados realizaron compras consolidadas por 43 mil millones de pesos, a fin de garantizar el abasto de medicamentos, monto superior al presupuesto que, ejemplificó, se otorga a la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto permitió, dijo, ahorrar casi 3 mil 700 millones de pesos.

Al participar en la Semana Nacional de Seguridad Social, en la Cámara de Diputados, refirió que el país enfrenta el envejecimiento de la población, por lo que cada vez es mayor la proporción de adultos mayores.

De esta manera, dijo, por cada cinco trabajadores existe un pensionado, lo cual obliga a destinar menos recursos a otros servicios de la seguridad social.

Además, el padrón de enfermedades ha cambiado de contagiosas e infecciosas, que eran de fácil tratamiento, a padecimientos crónico-degenerativos, como diabetes, hipertensión y sobrepeso, cuya atención es más costosa.

Estos dos factores, agregó, presionan las finanzas del IMSS, que debe dar servicio a poco más de 408 mil trabajadores afiliados, brindar medio millón de consultas diarias, recibir a 200 mil niños en guarderías y operar más de 6 mil unidades médicas.

La operación diaria del IMSS, dijo, requiere más de mil millones de pesos, destinados a tres rubros: recaudación de cuotas obrero-patronales; servicios de aseguradora en salud, retiro, riesgos laborales, invalidez y vida, y prestación de servicios médicos, centros deportivos, vacacionales y guarderías.

En el mismo foro, el presidente de la Comisión de Seguridad Social, Javier Salinas (PRD) detalló que 50 por ciento de la población carece de protección social, la cual además no es considerada un derecho exigible, debido no sólo a la desinformación, sino a una condición de exclusión.