El relator especial de Naciones Unidas para la Tortura, Juan Méndez, inició ayer una visita oficial a México, la cual culminará el próximo 2 de mayo. Se trata de la primera estancia de esta naturaleza en 2014.

Dentro de la agenda de trabajo que desarrollará el relator especial durante su estadía en el país, se prevén unas 25 reuniones con alrededor de 100 funcionarios federales y estatales, que incluyen al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la secretaria de Salud, Mercedes Juan López; al Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García; al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, así como altos mandos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), consejeros de la Judicatura Federal, además de representantes de ambas cámaras del Congreso, entre otros.

Ayer, en la reunión que sostuvo el relator con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), su presidente, Juan N. Silva Meza, indicó que el máximo tribunal elabora un nuevo protocolo de actuación para que los jueces lo apliquen en casos de tortura.

Silva Meza agregó que este protocolo tiene el objetivo de que los impartidores de justicia cuenten con un elemento más de apoyo para actuar en casos en los que tengan conocimiento que la víctima o el acusado sufrió tortura.

De acuerdo con un comunicado de la Suprema Corte, el ministro presidente estuvo acompañado por los presidentes de la primera y segunda salas, Jorge Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar, respectivamente, quienes coincidieron en destacar la labor desempeñada por el máximo tribunal en casos de tortura, al emitir criterios jurídicos relevantes a partir de la reforma al artículo primero constitucional y en apego a principios y normas internacionales, particularmente las contenidas en el Protocolo de Estambul.

El gobierno de México, a su vez, presentará al relator de la ONU las acciones que lleva a cabo para prevenir, investigar y sancionar los actos de tortura y salvaguardar los derechos humanos.

El relator especial Juan Méndez, de nacionalidad argentina, inició su mandato en noviembre de 2010. Su labor incluye todas las acciones y omisiones de representantes de los estados que constituyan actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y abarca violaciones a personas que se encuentran privadas de su libertad, salvaguardando garantías consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.