Durante el primer año de aplicación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la tasa de homicidios dolosos se incrementó en nueve entidades y en las restantes 23 reportó reducción en este indicador.

Igualmente, en 2013 el secuestro alcanzó su pico histórico: mil 702 plagios, sin contar la cifra negra (casos no denunciados), mientras que el nivel de robo de vehículos con violencia siguió por arriba de los 50 mil expedientes por año. En casos de este tipo de hurto, sin el empleo de métodos violentos, las denuncias rebasaron 130 mil durante ese año.

En ese contexto, nueve zonas serán incorporadas a la lista de 57 demarcaciones más violentas del país. El objetivo es ‘‘intervenir’’ con el método de ‘‘acupuntura social’’ en más colonias donde se ha agudizado la descomposición social, como ocurrió en dos áreas de Iztapalapa (Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y Santa Cruz Meyehualco), barrios que han ‘‘aportado’’ el mayor número de reos jóvenes a las cárceles de la capital del país, según datos compilados por la Secretaría de Gobernación (SG).

Los municipios o zonas añadidas al programa antidelito son: Apatzingán y Lázaro Cárdenas, Michoacán; Reynosa, Tamaulipas; Guadalupe y Calvo, así como Parral, Chihuahua; Cárdenas, Tabasco; Guamuchil, Sinaloa; Tula, Hidalgo; Álvaro Obregón, Distrito Federal, y el barrio de Tepito, cuyo alcance involucra a las delegaciones Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

Las nuevas zonas se agregan al grupo de 57 demarcaciones (48 municipios, dos delegaciones capitalinas y siete zonas metropolitanas) con las que comenzó el plan antidelito al inicio del sexenio, cuya prioridad es la intervención focalizada y, en particular, atender a los jóvenes.

Sin embargo, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la SG deberá hacer más con prácticamente el mismo presupuesto. En 2013 tuvo a su disposición 2 mil 500 millones de pesos y para el año que transcurre se le añadieron apenas 90 millones, por lo que la ‘‘apretada de cinturón’’ debió ser a la oficina de la subsecretaría.

‘‘El gran reto es elaborar programas y avanzar en su aplicación con base en la evidencia; replicar lo que resulte exitoso y modificar lo que no sea así. (El plan antidelito) no es un programa de ocurrencias; está sustentado en la evaluación de factores de riesgo’’, aseveró el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campa Cifrián.

Al hacer una evaluación del primer año de operación del plan, sustentado en la operación de una comisión intersecretarial, Campa dijo a La Jornada que el objetivo del segundo periodo es ‘‘presionar a las autoridades locales para que se atiendan los factores de riesgo y se pueda prender la luz en donde más se necesita’’. Es decir, orientar las tareas con un enfoque particular, ya sea que se necesite atender adicciones, embarazo en adolescentes, deserción escolar o cohesión familiar y comunitaria.

Datos de la subsecretaría, elaborados con base en cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indican que en nueve entidades subió el número de denuncias por homicidio doloso.

Estas son: Baja California Sur (60 por ciento), al pasar de 35 casos en 2012 a 56 en 2013; Hidalgo (49.4), de 83 a 124 en ese mismo lapso; Baja California (31.19), con una relación de 590-774; Michoacán (27.28), con un avance de homicidios de 755 a 961; Tlaxcala (18.64), al registrar en 2012, 59, y el año pasado 70.

Además, Sonora (14.77), con niveles de 501 crímenes en 2012 y 575 en 2013; Oaxaca (13.56), al pasar de 472 a 536; Tabasco (12.90), de 124 a 140 en el lapso en mención, y Yucatán, con un avance de 5.26 por ciento, al pasar de 38 a 40 homicidios.

En tanto, pese a que en general reportan descensos en el número de casos, las entidades donde persiste la tasa de homicidios dolosos más alta del país (asesinatos por cada 100 mil habitantes) son: Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Durango, Colima, Baja California, Coahuila, Michoacán, Sonora y Tamaulipas.