Defensor de derechos humanos desde hace más de tres décadas, el sacerdote Miguel Concha advierte que la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto sobre las leyes secundarias en telecomunicaciones es profundamente regresiva, ya que vulnera derechos constitucionales, suprime libertades democráticas y criminaliza la protesta social, al mismo tiempo que otorga mayor poder a las televisoras, especialmente a Televisa.

Es por ello –explica– que forma parte del centenar de defensores de derechos humanos, activistas sociales, académicos y legisladores que conformaron el Frente por la Co­municación Democrática y la próxima semana llevarán a cabo su primera protesta pública contra esa iniciativa: una cadena humana, de la residencia de Los Pinos a la sede de Televisa-Chapultepec.

Se debe frenar, resalta, ese intento por restaurar un Estado autoritario, que propicia un clima hostil y de inseguridad contra defensores de derechos humanos y periodistas.

Seguridad nacional

Su preocupación central estriba en el artículo 197 de la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que permite bloquear, inhibir o anular de manera permanente las señales de todas las bandas de frecuencia, es decir, de teléfonos, Ipods, tabletas e incluso de televisión, en eventos y lugares críticos para la seguridad nacional, a solicitud de las autoridades y sin que medie orden judicial.

Concha señaló que, aparte de que se violenta el derecho a la privacidad de los usuarios de esos medios, se inhibe y se obstaculiza el trabajo que puedan efectuar defensores de derechos humanos y periodistas, para poder verificar y reportar lo que sucede durante manifestaciones y otras protestas pacíficas, que quedarían en la opacidad.

Hay la intención de que no se pueda realmente saber con objetividad qué pasó y cuáles son las responsabilidades de las autoridades en caso de represión contra manifestantes.

La propuesta de Peña Nieto, insistió, abre la puerta para la censura en Internet y pasa por encima de la libertad de expresión, el derecho a la información y la protección de datos personales, al ordenar a las empresas de telecomunicaciones la ubicación, en tiempo real, de los usuarios –también sin orden judicial– y obligarlos a guardar durante dos años la información sobre las comunicaciones que se realicen desde cualquier dispositivo y bajo cualquier modalidad.

Advirtió que tal disposición va en contra de estándares internacionales en derechos humanos, en que se establece que la intervención de las telecomunicaciones sólo deberá efectuarse como medida extrema, y siempre que se demuestre que sólo mediante ello puede lograrse la evidencia de un delito grave.

Se refiere al lema no más poder al poder que varios colectivos de jóvenes acuñaron para resumir su descontento hacia la ley reglamentaria de telecomunicaciones de Peña Nieto y señala que la batalla contra la ya conocida como ley Peña-Televisa es por la democratización de los medios electrónicos, para poner fin a los monopolios.

No sólo está en riesgo la posibilidad de informar con veracidad, de ofrecer contenidos diferentes, sino también de denunciar los excesos del poder, recalcó.