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Alfabetizarse Ana Sánchez García y Norma Iris Cacho Niño Se estima que en el mundo existen 796 millones de personas analfabetas, de las cuales dos terceras partes son mujeres. En México, el porcentaje nacional de analfabetismo es de 6.31 para hombres y 8.89 para mujeres, pero en Chiapas, Guerrero y Oaxaca es superior al 20 por ciento, lo cual coincide con niveles de pobreza y marginación graves. Son muchas las mujeres de todas las edades que no van a la escuela y son ellas las que siguen formando esa mayoría analfabeta. A pesar de las políticas gubernamentales de combate al analfabetismo, los porcentajes han permanecido casi estáticos a lo largo de la década reciente, por lo que del total de la población analfabeta en el país, más del 60 por ciento son mujeres, y de ellas las indígenas y campesinas son las más afectadas. Los números son apenas un indicio de las brechas que separan a las mujeres, principalmente las indígenas y rurales, de condiciones sociales y económicas satisfactorias. Una de estas brechas es la falta de acceso pleno y real a la educación. Las mujeres no sólo no tienen acceso a la educación, sino que existe una población mayor de 15 años de edad que no sabe leer ni escribir. Eso significa que, además de que las mujeres desde niñas tienen menores oportunidades educativas, cuando adultas esa brecha de desigualdad las convierte en analfabetas. Si la educación es un derecho todavía negado en igualdad de condiciones a numerosas mujeres desde niñas, lo es aún más la alfabetización y educación básica para mujeres adultas, puesto que se pone en juego una serie de valoraciones sobre la edad, las obligaciones prioritarias de las mujeres como madres y esposas y la sobrevivencia económica, entre otras, antes de la posibilidad de que toda mujer adulta analfabeta en español pueda ejercer el derecho a leer su realidad y acceder a la cultura escrita, como mecanismos esenciales para favorecer otras oportunidades de desarrollo personal, social y laboral. Desde los gobiernos, se habla del analfabetismo como una situación a “erradicar”, vista como una cuestión circunstancial. Se ha considerado como un todo que afecta a cierto número de personas, pero no se han tomado en cuenta las condiciones específicas de género, étnica, social y económica que influyen en el acceso a oportunidades educativas para las mujeres indígenas y rurales. La alfabetización es un derecho, el derecho a decir la propia palabra. Todas las personas somos “analfabetas” respecto de algún código, es decir nadie sabe todo, ni nadie sabe nada. Las personas no eligen ignorar los códigos, sino que han sido excluidas de los lugares donde podrían aprenderlos, por la sistemática intención de negar a las oprimidas tanto el derecho a decir su propia palabra, como a conocer las palabras y las historias acumuladas por la humanidad. Los procesos de alfabetización con mujeres indígenas y rurales adultas entrañan dificultades, no sólo debido a la falta de métodos de lectoescritura pertinentes a las expectativas de las mujeres, sino a la carencia de metodologías educativas que retomen y evidencien sus realidades y experiencias. Una tarea permanente que tenemos como educadoras populares, en nuestra experiencia concreta de intervención e investigación educativa, ha sido realizada en dos escenarios y contextos diferentes (en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con mujeres indígenas migrantes empleadas del hogar, y en Oaxaca, con promotoras alfabetizadoras indígenas y afrodescendientes) y ha consistido en reflexionar sobre la incidencia de métodos alfabetizadores que partan de los contextos propios de las mujeres, tanto para cuestionar la realidad y otorgar herramientas para la vida, como para asegurar un camino educativo desafiante y apropiado a sus propias necesidades. En ambas experiencias se ha aplicado un proceso de alfabetización, entendido no sólo como una transmisión mecánica de símbolos básicos para la lectoescritura, sino como la generación de códigos colectivos para el aprendizaje basados en la propia experiencia. Éste engloba tanto el trabajo instrumental alfabetizador como temáticas que parten de las necesidades y problemáticas de las mujeres alfabetizandas. Es decir, implica la facilitación de un proceso educativo que cuenta con contenidos temáticos y pedagógicos interdependientes, y constituye un ejercicio de derechos de las mujeres a partir de la problematización de sus realidades, por medio de las cuales se alfabetizan. En el Colectivo de Empleadas Domésticas de los Altos de Chiapas (CEDACH), el proceso alfabetizador desarrollado en los cinco años recientes ha supuesto un reconocimiento gradual de los poderes, saberes y experiencias de las mujeres que integran el colectivo. Esa situación se ha materializado en la autonomía de su propio proceso organizativo; ellas han tomado responsabilidades en la coordinación y administración. Asimismo, han decidido comenzar un proceso de formación de promotoras de alfabetización, que puedan acompañar a otras empleadas del hogar, puesto que reconocen ese camino como una base para acceder a otras oportunidades educativas y de desarrollo. En ese sentido, el colectivo ha vivido la alfabetización como la llave para permearse de otras formaciones medulares en su visión, por ejemplo, los derechos humanos laborales y los derechos de las mujeres. En la experiencia vivida en el proceso metodológico con promotoras y grupos de mujeres del estado de Oaxaca, construimos una propuesta de alfabetización integrando la perspectiva de género, la interculturalidad y aspectos de innovación educativa. En este caso, con el propósito de hacer el proceso educativo vivencial y participativo, se tomaron como punto de partida los diagnósticos iniciales de las diferentes comunidades, donde se detectan las principales problemáticas de las mujeres indígenas y afros. Con muchas complicaciones en su desarrollo e incidencia comunitaria, las promotoras fueron partícipes del desarrollo y enriquecimiento de la metodología, pues aportaron sus propias experiencias y el conocimiento de las realidades de sus municipios.
Con estas dos experiencias hemos observado cómo por medio de la educación se ha favorecido la participación de las mujeres en los espacios públicos con voz propia. El compromiso de la alfabetización se constituye en una práctica transformadora, de reflexión y problematización sobre la realidad, y en una experiencia constante y permanente para hacerse de recursos necesarios para una vida digna. Sin embargo, la alfabetización es apenas un medio para el acceso a la cultura escrita, por lo que falta también un largo trecho para que las propuestas educativas devengan en posibilidades reales de autonomía para las mujeres. Pero también es necesario considerar la alfabetización como un proceso comunitario que no desvincule la realidad del poco o nulo acceso a la educación por parte de las mujeres indígenas y rurales de otras situaciones de marginación económicas, sociales y políticas que impactan de manera directa y lacerante sus vidas. La exclusión y el rezago educativo de las mujeres es resultado de las condiciones de discriminación, desigualdad y exclusión, producto de un modelo de desarrollo global ajeno a sus necesidades. Es por eso que, desde una visión crítica de la educación, la propuesta de concebir el proceso de alfabetización como una herramienta que otorga elementos para una reflexión sobre la situación y condición de las mujeres, por la vía de la problematización de sus realidades, podría subsanar la deuda histórica con las mujeres indígenas, rurales, afrodescendientes y urbanas marginadas. Oaxaca Adolescentes indígenas y educación Áurea Ceja Albanés El estado de Oaxaca es uno de los más diversos en materia cultural y geográfica; su población habla la mitad de las variantes lingüísticas del país. Se trata del segundo estado con mayor proporción de población indígena, a partir del indicador del habla de una lengua originaria (34 por ciento). Desafortunadamente, hablar de población indígena en Oaxaca es casi equivalente a hablar de pobreza, pues de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 79.3 por ciento de la población hablante de una lengua indígena vive en condiciones de pobreza. La pobreza dificulta el acceso a derechos básicos como la educación. En el caso específico de las mujeres, existen aún más dificultades para acceder a ella. El analfabetismo en mujeres indígenas es casi el doble que en los varones, 42.2 por ciento en las primeras y 24.6 en los hombres. En la escolaridad de la población joven, de 15 a 24 años, actualmente no es tan amplia la desigualdad, pero existe, pues hay un 39.4 por ciento de varones que están en la escuela frente a un 37.1 de mujeres. Las adolescentes indígenas, al enfrentarse con una triple forma de opresión –por ser mujeres, pobres e indígenas–, atraviesan mayores dificultades que sus pares varones para acceder a la educación formal. Ellos deben afrontar obstáculos económicos, lingüísticos, de alimentación y falta de apoyo familiar para estudiar, que los obligan a dejar la escuela y a incorporarse a un trabajo remunerado; las mujeres padecen ese mismo escenario, pero además las desigualdades de género: las expectativas de la familia para que permanezcan en casa, el riesgo de embarazo y diversas formas de violencia que recaen específicamente sobre ellas. Existen muchos casos en que la cultura local promueve la idea de que las mujeres deben estar y permanecer con la familia. Aún se ve como una “carga” que las mujeres estudien, no se ve el beneficio familiar ni el comunitario si lo hacen. Se piensa con mayor facilidad que los hombres estudien o que salgan a trabajar, y se sigue esperando que las mujeres trabajen en las labores domésticas y se casen. Los mandatos de género se oponen a un proyecto de vida cuando tienen ganas pero no recursos o valor para salir de sus casas a estudiar. Este proyecto es promovido por la cultura occidental, y la escuela resulta para muchas una posibilidad de acceso al crecimiento personal y económico. Si bien hay ya mujeres indígenas profesionistas, autoridades locales, funcionarias públicas y legisladoras, la proporción sigue siendo mínima, pues para la mayoría los obstáculos son enormes. Un gran número de mujeres adolescentes cuentan con el deseo de estudiar y con las habilidades necesarias para tener éxito en los ámbitos académico y profesional, pero ello implica una ruptura con las normas familiares, cuando la familia no lo permite porque las posibilidades económicas son limitadas, o porque la lealtad hacia la familia las contiene, o bien porque toda la vida les han dicho que son incapaces. Hace falta aún explorar las consecuencias de la violencia simbólica y psicológica en la vida de las mujeres, pues esto seguramente nos arrojaría datos acerca de la depresión, la ansiedad, la ideación suicida, el abatimiento, la apatía y otros problemas que sufren. Por otro lado está el desinterés, el racismo o la falta de habilidades de las y los docentes para sensibilizar a las familias, para orientar a las jóvenes hacia diferentes alternativas de vida y de estudio al terminar el bachillerato; ni siquiera logran que las estudiantes permanezcan en la escuela y concluyan la educación media superior. Se puede cuestionar a la escuela por ser una forma de colonización, entendiendo ésta como la imposición de un punto de vista y de un modelo de vida que descalifica y muchas veces anula las formas de organización local, las formas de pensamiento de las culturas locales, pues la educación que imparte el Estado no considera la diversidad cultural e impone un modelo occidental muy distante de la realidad. Pero sigue siendo –salvo en remarcables excepciones como en el caso de la educación zapatista– la única opción que incrementa las posibilidades de acceder a otras oportunidades de vida, de empleo y de salario. Es fundamental seguir exigiendo al Estado que garantice mejores condiciones de vida para las mujeres indígenas, así como la impartición de educación pública y gratuita de calidad, y no basta con que construya escuelas e imparta los contenidos académicos. Debe respetar el contexto y los saberes locales, y recuperarlos si es posible. Debe formar en valores promoviendo justicia y el diálogo entre sistemas de pensamiento. Debe enseñar a hombres y mujeres a pensar y a relacionarse de manera sana y nutricia con su entorno natural y social. Debe también garantizar el acceso a mejores y más inclusivas formas organizativas, mejores formas de convivencia, mejores formas de distribución de tareas y mejores trabajos enfocados a las necesidades de las comunidades.
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