Chiapas

Niñas y adolescentes indígenas,
entre la exclusión y la discriminación

Jennifer Haza Gutiérrez 
Directora de Melel Xojobal, AC

Chiapas es el estado con el mayor número de población infantil a escala nacional: cuatro de cada diez personas son niñas, niños y adolescentes, y de ellos 78.5 por ciento es pobre y 39 por ciento es indígena, además de que seis de cada diez viven en localidades rurales menores a dos mil 500 habitantes.

Las niñas y las adolescentes constituyen 40 por ciento de la población total de mujeres del estado y en ellas se concentra una acumulación de exclusiones que las invisibiliza y las oprime y violenta sus derechos de manera sistemática.

Las niñas tienen menos oportunidades de trabajo y educación. Ejemplo de ello es que por cada niño varón de Chiapas, de 12 a 17 años de edad, que no estudia ni trabaja hay siete niñas en esa situación. La condición de analfabetismo de las mujeres es superior a la de hombres en todas las edades. Chiapas, con 6.9 grados aprobados, se mantiene como el estado con el promedio de escolaridad más bajo del país y con la mayor desigualdad entre hombres y mujeres con 7.4 y 6.4 grados, respectivamente.

La falta de acceso, permanencia y conclusión de los estudios tiene un impacto sumamente negativo en el desarrollo personal y profesional de las niñas. La educación es fundamental para su pleno desarrollo y el fortalecimiento de su autonomía; representa mejores condiciones para la toma de decisiones libre e informada, para sus proyectos de vida, para el cuidado de su salud, y para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y su derecho a una vida libre de violencia.

En México nueve de cada diez niñas de entre diez y 17 años que se convierten en madres dejan de ir a la escuela, y en Chiapas se observa el porcentaje más alto de población de 12 a 14 años que está casada o en unión libre, principalmente en contextos rurales e indígenas. En 2008, el 73 por ciento de la mujeres indígenas de los Altos tuvieron su primer hijo entre los 11 y 19 años y actualmente el estado ocupa el tercer lugar con el mayor número de madres adolescentes que van de los 15 a los 19 años.

Las complicaciones de embarazo y parto son la principal causa de muerte en mujeres indígenas en este sector de población. Niñas y adolescentes siguen siendo víctimas de la falta de información; de la cultura patriarcal que impone la maternidad obligatoria, y de la discriminación en los centros de salud para decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y sus proyectos de vida.

La violencia contra niñas y adolescentes en el estado es, quizá, tanto la condición estructural y comunitaria como la práctica cotidiana que más afectaciones produce en la vida de las mujeres desde la infancia. En 2008, el 42 por ciento de las mujeres indígenas de los Altos de Chiapas manifestaron haber sido víctimas de golpes y/o humillaciones en la infancia, y el siete por ciento de abuso sexual; el 41 por ciento de violencia por parte de sus parejas, y el diez por ciento de violencia sexual.

Estos datos reflejan las condiciones de vida de miles de niñas y adolescentes en Chiapas, en su mayoría indígenas. La acumulación de estas exclusiones se observa en casos paradigmáticos que implican múltiples violaciones a sus derechos humanos. El más reciente, y que obtuvo la atención de la opinión pública nacional, fue el caso de Roxana, una niña indígena tsotsil de 14 años, que fue detenida y multada por el “juez de paz” con 24 mil 700 pesos luego de que decidiera dejar a su esposo y regresar con su familia (http://www.sinembargo.mx/13-03-2014/930796).

Como Roxana, miles de niñas y adolescentes en Chiapas viven en este contexto; son mujeres, menores de edad, indígenas, que habitan en localidades rurales, con la primaria apenas terminada, sin acceso a la información sobre sus derechos sexuales y reproductivos, discriminadas en los centros de salud y vendidas al mejor postor para matrimonios forzados o para la trata de personas. Son víctimas de la violencia estructural, comunitaria y familiar. Todo ello sustentado en paradigmas que perpetúan la opresión de niñas y adolescentes indígenas por su condición de edad, género y etnia.

Niñas y adolescentes son presente, no solamente futuro. Es urgente avanzar en el reconocimiento de sus derechos como mujeres, superar los estereotipos machistas que continúan vigentes, condenar y eliminar los usos y costumbres de las comunidades que pasan por encima del interés superior de niñas y niños. Es necesario asumir un compromiso político y ético a favor de la tercera parte de la población del estado y del país y garantizar condiciones para que las niñas y adolescentes, principalmente indígenas, puedan imaginar y realizar sus proyectos de vida en forma plena, en libertad.

Chiapas

Violencia de género hacia
las mujeres rurales

Marina Patricia Jiménez Ramírez
Defensora de derechos humanos

La violencia de género –expresada con una sistemática violación a los derechos humanos– es una constante que afecta a las mujeres rurales de Chiapas, según revela un informe sobre la situación de estas mujeres, que fue realizado por la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del extinto Consejo Estatal de Derechos Humanos del estado.

El informe, que coordiné junto con el área de Investigación del Consejo, y cuyas cifras se basan en reportes, publicaciones y datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Secretaría de Hacienda de Chiapas, muestra en su diagnóstico que de un total de 433 mil 478 mujeres rurales, 27.1 por ciento (o sea 117 mil 620) vivieron algún incidente de violencia por parte de su esposo o pareja, y de éstas 21.7 por ciento sufrió violencia emocional, 8.5 violencia económica, 7.2 violencia física y 2.9 por ciento violencia sexual.

El nivel de violencia en mujeres indígenas es mayor que en las no indígenas. En Chiapas, de las mujeres casadas o unidas, 24.5 por ciento hablan lengua indígena y de éstas 40.4 por ciento fueron violentadas por su esposo o pareja durante su relación. El tipo de violencia que se ejerció con mayor frecuencia es la emocional, con un 89.2 por ciento, seguido de la violencia física y económica, con 28.3 y 27.8 por ciento, respectivamente.

Por otro lado, en los 12 meses previos a la realización de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2006, del INEGI, se puede observar que 64 mil 366 mujeres indígenas de Chiapas, esto es 30.8 por ciento del total, sufrieron un incidente de violencia en su relación de pareja. De estas mujeres, 83.6 por ciento sufrió violencia emocional, 27.6 violencia económica, el 23.1 violencia física y 8.4 por ciento violencia sexual.

Otros datos reveladores se refieren al ingreso y al trabajo. “El ingreso que las mujeres del medio rural obtienen mensualmente es muy variado, depende de la fuente de donde proviene: quienes reciben remesas del extranjero perciben en promedio mil 606 pesos mensuales; por jubilaciones o pensiones mil 386 pesos, y por remuneraciones al trabajo, mil 209 pesos. En contraste, las mujeres que reciben becas o donativos institucionales sólo obtienen 124.00 pesos al mes”, señala el documento Las mujeres en el México rural, del INEGI.

En el tema de acceso a la justicia, parte de la información recabada para el diagnóstico en cuestión, señala que de tres mil 105 mujeres indígenas de la región Altos de Chiapas, 53.04 por ciento no denunció a su marido o pareja por la violencia ejercida en su contra; sólo 34.78 por ciento presentó denuncias.

Las causas principales para no denunciar fueron: por miedo a represalias por parte del esposo o pareja (36.06 por ciento); desconocían que el maltrato se puede denunciar (19.67); por considerar que el maltrato no amerita la denuncia (8.19) –las dos últimas causas se relacionan con el desconocimiento de sus derechos y las vías jurídicas o administrativas para defenderlas-; se reconciliaron con su pareja (6.55); por vergüenza (4.91), y por amenazas (4.91 por ciento).

Del total de mil 80 mujeres indígenas que vivieron violencia en los Altos de Chiapas y que denunciaron, sólo en 378 casos (35 por ciento) la autoridad radicó acta por la violencia ejercida en su contra.

Las razones por las cuales las autoridades no levantaron acta de las denuncias fueron: las autoridades les dijeron que ellas debían arreglar sus asuntos personales (46.15 por ciento); las autoridades consideraron que el problema denunciado no era suficientemente importante como para levantar un acta (23.07); les negaron la atención (11.53); hubo una mediación y la mujer maltratada llegó a un acuerdo con su pareja (11.53 por ciento); sintieron lástima por su pareja (3.84 por ciento), y detuvieron a su pareja por 72 horas, por lo que no se levantó el acta (3.84 por ciento).

En el tema de la salud, datos estadísticos dados a conocer por la Secretaría de Salud federal en 2007 mostraban que en comunidades rurales de Chiapas, existía un médico por cada mil habitantes, la cifra más baja a escala nacional. Las mujeres indígenas en Chiapas tienen hasta tres veces más frecuencia de muerte respecto del resto de mexicanas.

La desnutrición continúa siendo la sexta causa de muerte en la población indígena. El 71.6 por ciento de ésta sufre algún grado de desnutrición y el 33 por ciento de los menores de cinco años indígenas muestran síntomas de desnutrición severa.

Con los datos anteriores podemos observar que las mujeres rurales en Chiapas no acceden en condiciones de igualdad al goce y ejercicio de sus derechos humanos, y que éstos a su vez no son garantizados por el Estado nacional, tal como lo determinan los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y las obligaciones que el Estado ha asumido con la firma y ratificación de los mismos.

Por ello, se requiere que el estado de Chiapas adopte las medidas necesarias para hacer efectivos y garantizar los derechos humanos de las mujeres, lo que “implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”, según señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Sentencia del 29 de julio de 1988.

Es decir, el reto del estado de Chiapas es, además de no cometer violaciones a los derechos humanos, cumplir sus obligaciones, que implican realizar actividades concretas para que las personas puedan disfrutar de los derechos, con un compromiso estricto de garantizar el disfrute de los derechos, además signados en compromisos internacionales por parte del Estado mexicano.

Chiapas Mujeres Rurales y Acceso al Agua Angélica Schenerock  Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente, AC FOTO: Agua y Vida Chiapas presenta grandes contrastes. Uno de ellos es que aunque es de los estados con más disponibilidad de agua, su población, sobre todo la rural, es de las que más carece de este recurso en cantidad, calidad y accesibilidad. En los mejores casos, las familias sobreviven con un máximo de cien litros por día para realizar todas sus necesidades, esto es cada miembro cuenta con apenas 20 litros diarios. Para tomar un baño con cubeta se requiere de un mínimo de diez litros. Y esa agua es acarreada por las mujeres, lo cual no solamente aumenta su carga laboral, sino que incrementa sus padecimientos de dolores de espalda y piernas. El acceso al agua no depende de su abundancia o escasez, sino de la forma en cómo está organizada la sociedad, de quiénes toman las decisiones, con qué criterios se distribuye el agua y de quiénes detentan el poder. En el caso de Chiapas, destaca que 13.5 por ciento de las mujeres mueren en el hospital por infecciones intestinales y 15.3 por ciento debido a la desnutrición. Para las que son madres solas y jefas de hogar, ello implica una tensión económica fuera de lo normal, ya que los costos asociados con un caso de diarrea por parasitosis llegan a oscilar entre 900 y mil pesos por persona. En síntesis, en Chiapas las mujeres rurales enfrentan los siguientes problemas relacionados con el agua: Falta de acceso en cantidad y calidad adecuadas: las mujeres rurales son vistas como beneficiarias o consumidoras del agua y no como principales usuarias, cuidadoras, administradoras o tomadoras de decisiones en los ámbitos doméstico y familiar. De ello se ha derivado una limitada o nula representatividad y participación de las mujeres en las asambleas comunitarias. En los municipios indígenas las mujeres tienen un limitado acceso a la tierra y, por ello, al agua para uso productivo o doméstico. Las desigualdades con respecto a la tenencia de la tierra se relacionan con una cultura que considera que las mujeres no requieren de poder ni pueden tomar decisiones con respecto al agua, ya que su rol consiste en el cuidado de los hijos y las hijas y en el trabajo doméstico. El incremento de la migración de los hombres ha aumentado las responsabilidades domésticas, económicas y productivas de las mujeres, y ello no ha significado una modificación de las costumbres y de las políticas relacionadas con el agua y la tenencia de la tierra. La invisibilidad de las mujeres como principales usuarias del agua para el cuidado de la tierra y de la casa, en virtud de la migración de los hombres, las deja sin poder e impotentes con respecto a las decisiones sobre la tierra y la vivienda. Debido a la división sexual del trabajo, las mujeres siguen siendo las principales usuarias y administradoras del agua para el uso doméstico, y también son las que mayor manejo dan a los desechos sólidos (basura) –debido a sus responsabilidades en la preparación de la alimentación y en la higiene del hogar-, y sin embargo todavía no existe una real preocupación para la elaboración de planes, programas y políticas orientados a sus necesidades específicas. La contaminación sin precedentes del agua por coniformes fecales contribuye a que las mujeres embarazadas, las ancianas y las niñas sufran serios problemas de desnutrición y salud gastrointestinal. Ellas son las que más están en contacto con el agua contaminada, cuyas enfermedades se transmiten por su ingesta y por medio de la piel. Estos problemas no están suficientemente documentados en indicadores y diagnósticos, y las investigaciones académicas sobre la relación mujeres rurales-agua-ambiente carecen de datos concretos que permitan la formulación de hipótesis y también de políticas públicas orientadas a la temática agua y género. El 26 de junio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró “el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”, y en septiembre de 2011 el Senado de la República aprobó una reforma a la Constitución mexicana que establece entre otras cosas que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico”. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho, y estas disposiciones legales no se han traducido en iniciativas concretas ni mucho menos en políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres al agua en cantidad y calidad adecuadas, ni en accesibilidad física y económica. Si la situación y las condiciones de las mujeres con respecto al agua continúan siendo ignoradas, las mujeres seguiremos viendo nuestros derechos violados y, en el mejor de los casos, seguiremos siendo ciudadanas de segunda clase.

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