El veto interpuesto por José Calzada Rovirosa, gobernador de Querétaro, a una iniciativa de ley para prevenir y castigar la desaparición de personas en ese estado se basa en minucias legales o en detalles improcedentes que en realidad buscan ocultar el enojo del mandatario por tener que reconocer la existencia de este fenómeno en la entidad y dedicar recursos para resolverlo.

Así lo consideró Julio Hernández Barros, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien lamentó la escasa disposición de la mayoría de los estados de la República para llevar a la práctica la Ley General de Víctimas a nivel local.

“Los cambios que propone Calzada están basados en minucias o son improcedentes. Además, hubiera podido hacerlos en la etapa de discusión legislativa, pero nunca se acercó a decir ‘propongo esto’, como se hace cuando se tiene voluntad política real”, deploró el comisionado en entrevista con La Jornada.

Una de las pocas sugerencias atendibles hechas por el gobernador priísta, explicó Hernández Barros, es dejar mucho más claro en el artículo cuarto de la ley contra la desaparición el vínculo entre el delito y la pena a que se hace acreedor el responsable, lo cual se puede corregir añadiendo una frase muy sencilla en la redacción.

Puntos de vista muy restrictivos y graves

Sin embargo, Calzada también manifestó puntos de vista muy restrictivos y graves sobre la ley, al oponerse, por ejemplo, a que ésta se enfoque no sólo a la desaparición forzada en su acepción más convencional, es decir, en la que están involucrados servidores públicos, sino también las que hayan sido cometidas por grupos de particulares.

Hablar de desapariciones implica necesariamente reconocer que están ocurriendo en su estado, y tal vez al gobernador le pareció doloroso que sus propias fuerzas policiacas estén desapareciendo ciudadanos. Quizá también le dolió la cartera, porque si se admite que hay víctimas de este tipo, se tiene que gastar en ellas, enfatizó.

La actitud del gobierno de Querétaro, por desgracia, es la misma de muchas otras autoridades estatales, que a pesar de que el 3 de mayo vence el plazo para que adecuen la Ley General de Víctimas en sus entidades y generen los mecanismos para aplicarla, no han hecho prácticamente nada en ese sentido, señaló el especialista.