La crisis del priísmo
El efecto Morena
Mojigatería izquierdista
i las cosas le salen bien a Ramón Aguirre –el funcionario que se encarga del suministro de agua en la ciudad de México–, la construcción de plantas potabilizadoras, de tratamiento de aguas residuales, también los programas de detección y supresión de fugas, además de la instalación de medidores, quedarán en manos de la iniciativa privada nada más por los próximos 15 años; pero eso no significa la privatización de lo que muy pronto, si no es que ya, significa el negocio más productivo del mundo: el agua.
Es imposible adivinar por qué las autoridades del GDF, el propio Ramón Aguirre entre ellas, niegan que la participación de los dineros privados en las tareas que corresponden al gobierno signifique la privatización de las mismas, y que ello lleve necesariamente al aumento del precio del abastecimiento del líquido.
El pretexto es el mismo, y la lógica mata al engaño. Si una empresa privada que construirá plantas potabilizadoras, que atenderá las fugas, y en fin, que se hará cargo de brindar el servicio, y que para ello deberá realizar inversiones millonarias, no requiere recuperar y tener ganancias del negocio, ¿para qué existe?, se preguntaría uno, y luego en otra reflexión la pregunta salta: ¿qué, dotar de agua a los habitantes de una población no es un derecho humano, y por tanto las autoridades deben de realizar esa tarea?
Las experiencias en otras parte de la República señalan que a la población no le ha ido muy bien bajo los esquemas privatizadores. Ya en 1993 en Aguascalientes se privatizó el servicio y, según nos cuentan, el agua más cara del país es la que se paga en aquella entidad. En Saltillo, el manejo del agua potable se inscribió en un sistema mixto, es decir, con dinero privado y del gobierno. Desde luego, la participación gubernamental no sirvió para proteger a los ciudadanos, aunque sí para beneficiar a la empresa.
Si bien los acuerdos con los que se inició el proyecto señalaban que el precio del líquido llevado a los hogares aumentaría sólo en los porcentajes que lo hiciera la inflación, esos acuerdos quedaron muy pronto rotos y hubo quejas de personas a las que se les cortó el servicio por falta de pago.
Hace apenas un mes, en la ciudad de Puebla, algunos grupos de habitantes convocaban a una huelga de pagos en contra de la empresa a la que se otorgó el servicio, porque amenazaba con aumentos en las tarifas y porque se les está obligando a comprar nuevos medidores del gasto del líquido, pero además el mantenimiento del aparato.
Total, si a eso de poner en manos de la IP la gestión del agua en el DF, por los próximos 15 años –en Aguascalientes se otorgaron los contratos por 30– no se le quiere llamar privatización, está bien, llamémosle como se quiera, pero es necesario advertir a la población con certeza de que se está hablando de una o muchas, no lo sabemos, empresas que no ven en el suministro del líquido el derecho que tienen los pobladores de esta ciudad, sino el negocio que les dejará beneficios, grandes beneficios.
Lo único que nos falta es que, pasados los años, en la gerencia o más arriba, de la empresa que maneja el líquido esté el nombre de Ramón Aguirre, el privatizador.
De pasadita
Nos cuentan que el director del Servicios de Transportes Eléctricos, Eduardo Venadero, se dio a la tarea de anuncia a sus cuates del PRD y de algunos medios de comunicación que él sería quien sustituiría al actual secretario de Transportes del DF, que no da una, eso es cierto.
Lo malo es que Venadero, quien dice que con o sin el acuerdo del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, él se pondrá la camiseta de secretario, tiene tache por su mal desempeño en la labor que se le ha encargado, y en una de esas sí cambia de camiseta, pero por la de desempleado. ¡Aguas!
