as llamadas obras emblemáticas de la administración calderonista sólo han servido para evidenciar planeaciones a la carrera, deficiente calidad, favoritismos, corrupción y fracaso. Ha tocado el turno a la Cineteca Nacional, cuya estampa remodelada tan buenos ánimos generó entre la comunidad aficionada al buen cine. La obra fue encargada al despacho del arquitecto mexicano Michel Rojkind (en Twitter, @rojkind_arq) y el presupuesto original era de 387.6 millones de pesos. Meses después, el proyecto fue ampliado y su costo se elevó a 540.7 millones de pesos. En un congreso de arquitectos en el que participó, Rojkind aseguró que la remodelación y ampliación de la Cineteca Nacional fue un proyecto presionado por tiempos sexenales, que apresuraron la apertura del lugar sin estar terminado, por lo que habló de una obra incompleta, con carencias (http://bit.ly/QemYTx).

Dos días antes de dejar el poder, y a pesar de lo inacabado de la obra, Felipe Calderón puso en servicio la remodelación, incorporando a su discurso menciones de segmentos que sabidamente no estaban en funcionamiento aún. El 7 de noviembre de 2012 se habían abierto las puertas de la cineteca, en condiciones informales, con la presentación de Tiburón, la famosa película dirigida por Steven Spielberg. Consuelo Sáizar, entonces directora del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, cerró su intervención con entusiasmo: ¡Que viva el cine, que viva la Cineteca, felicidades, Paula!, refiriéndose en esta parte final a Paula Astorga, entonces directora de la mencionada cineteca (http://bit.ly/1l3Wwtz).

Con las intensas lluvias de estos días en la capital del país, la Cineteca Nacional se ha incorporado al catálogo de las obras emblemáticas fallidas. Inundaciones y evidencias de problemas no resueltos. De entre las múltiples descripciones hechas sobre lo sucedido este martes, Amelie Pulido escribió en la página de Facebook de la propia cineteca: “pasó que llovió dentro de las salas, dentro de la librería recién inaugurada, dentro de la cafetería, los baños inundados hasta la mitad, el agua saliendo como fuentes por el desagüe. Qué vergüenza que se utilice nuestro dinero para hacer proyectos de mala calidad. En lugar de cine de arte tuvimos función de Noé en 4DX. Ah, y claro, quedaron muchos espejos de agua en todos los pasillos peatonales”.

Así ha sucedido con muchas construcciones encargadas por los poderes públicos. Recuérdese el escandaloso caso de la nueva sede del Senado de la República, en Paseo de la Reforma e Insurgentes, toda una demostración de mala calidad que sólo podría ser entendida a partir de entendimientos entre los otorgantes de esos contratos y los constructores, en el marco de los moches tan institucionalizados que sacrifican lo que sea necesario para cumplir con repartos económicos bajo el agua.

Tan desvergonzada resulta la versión de que en acuerdos grupales sobre desarmes se hubiera decidido el torcimiento de procesos judiciales para liberar a miembros de grupos de autodefensa en Michoacán, particularmente a uno de sus dirigentes, Hipólito Mora, que la comisión a cargo de Alfredo Castillo decidió salir a los medios de comunicación, a través de un boletín de prensa emitido por la secretaría de Gobernación, para hacer juramento de apego a la ley y su recta aplicación.

Los antecedentes no son propicios para dar por hecho lo que con solemnidad plantean esas autoridades. Uno de los peores golpes históricos a ese ente fantasmal conocido como estado de derecho ha sido asestado por el peñismo en su incursión liberadora por Michoacán. Ni siquiera Felipe Calderón con su obtuso michoacanazo causó tanto demérito del respeto por la ley. Los Pinos, bajo mando priísta, permitió la libre operación por calles de aquella entidad de grupos de civiles con muy potente armamento, los cuales con gran frecuencia y bajo la protección y promoción de mandos policiacos y militares actuaron en flagrante y grave violación de las normas que presuntamente son de observancia obligatoria en México. Así se produjeron cateos sin orden judicial, detenciones a ojo de buen autodefensa, expulsiones de pobladores, saqueos a título de botín de guerra, expropiación de propiedades privadas (sobre todo huertas y ranchos, cuyas ganancias de operación pasaron a las cuentas de algunos de esos líderes de autodefensas) e incluso ejecuciones revanchistas.

Ahora, con base en esos acuerdos de desarme (cuyas cláusulas más importantes serían las no escritas), el gobierno federal pretende devolver a sus casas a buena parte de esos grupos de autodefensa y a otros habilitarlos como policías rurales. El frankenstein tarasco demanda, a cambio, la liberación de unos cien de sus miembros, sobre todo líderes como el citado Mora, que se realice un programa de entrada conjunta a otros lugares de Michoacán para limpiarlos de templarios y decidieron que se quedarán con sus armas, excepto las superpesadas y con la intención de no portarlas en público. El plazo para que se cumpla este plan vence el muy simbólico 10 de mayo próximo.

Y, mientras esta columna telegénica rompe su cochinito para completar los centenares de milloncejos que le permitirán competir exitosamente por alguna de las nuevas cadenas de televisión (cumpliendo sobre todo con la garantía de seriedad, oh sí, tan serio y sin inducciones que es el proceso, a tal grado que el propio Ifetel incumplió el plazo que se había impuesto para fijar el valor mínimo de referencia y el monto de la garantía de que no se está jugando con el tema), y en tanto el gobierno de la ciudad de México dice que se esmerará jurídicamente para evitar que le quiten 489 millones de pesos de la línea 12 que andan bailando, ¡hasta mañana, dando gracias a los médicos tapatíos Carlos Rentería Loza y Federico Mendoza Sánchez, y a las enfermeras del primer piso del hospital Puerta de Hierro, de Zapopan, Jalisco, por los favores recibidos!

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