La reforma de 2012 por la cual se instituyó la consulta popular constituye uno más de los engaños con que se fabrican las constituciones en México para aparentar una democracia inexistente, manteniendo y asegurando el dominio de los altos empleados sobre la población, sostuvo el constitucionalista Clemente Valdés. Afirmó que, en cambio, en naciones donde existe un mínimo de democracia las reformas a la Constitución no tienen valor alguno mientras la ciudadanía no las haya aprobado en forma directa.

Entrevistado acerca de las solicitudes presentadas por el PRD y el Movimiento Regeneración Nacional, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, para que en 2015 se celebre una consulta popular sobre la reforma energética, Valdés advirtó que están dadas las condiciones legales para que, en su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechace ese ejercicio, con el argumento de que la petición es inconstitucional.

Difícilmente pueden encontrarse temas de trascendencia nacional, que son los que pueden ser revisados mediante una consulta popular, que no estén en la Constitución, y como la ley en la materia impide que se cuestione la Carta Magna, es un hecho que la Corte declare la improcedencia de la petición.

Explicó que el marco legal que regula la consulta popular está elaborado de manera que sólo responda a los intereses del grupo en el poder y de nuestros empleados, que son el jefe del Ejecutivo federal y los integrantes del Congreso, y no a los de la sociedad.

Valdés explicó que en su libro La simulación de la democracia sostiene que una participación democrática efectiva exige que al menos en temas importantes para la sociedad, como una reforma a la Constitución, debe ser avalada mediante un referendo u otro mecanismo de participación popular, y no al revés (como ocurre en México), donde la consulta popular no prevé echar abajo reformas constitucionales, por no considerar esta posibilidad.

El especialista precisó que en España las reformas constitucionales, después de haber sido aprobadas por el Congreso, deben ser sometidas a referendo de los ciudadanos para su ratificación; mientras que en Dinamarca, Suiza, Francia e Italia está prevista la participación ciudadana en la aprobación de reformas constitucionales por medio de un referendo.

Comentó que en 2012 se aprobó la reforma constitucional sobre la consulta popular, la cual, además de exigir la acreditación del número de ciudadanos necesario para presentar una iniciativa (al menos 2 por ciento de la lista nominal de electores, que representa unos 2 millones de firmas), en un sistema como el nuestro, tan ineficiente y tortuoso, así como las trampas para acotar, manipular o nulificar la reforma impugnada, no parecen anunciar alguna participación democrática efectiva en la aprobación o derogación de las disposiciones constitucionales, ni en las decisiones del gobierno. Situación que seguramente sucederá, señaló, con la consulta pública solicitada por el PRD y por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador para que la población se pronuncie, durante la elección federal de 2015, si está de acuerdo con la reforma energética.