Instrumentar las nuevas reglas de fiscalización que se desprenden de la reforma constitucional en materia político-electoral, las cuales establecen que ahora la revisión de los gastos partidistas sean oportunos y paralela a las campañas, representará uno de los mayores desafíos para el naciente Instituto Nacional Electoral (INE), aseveró la consejera Pamela San Martín. Son cambios relevantes porque implican tener una visión consolidada de todos los gastos en la contienda.

De forma paralela –subrayó San Martín– hay que advertir que tres de las principales causas de nulidad, incorporadas en la reforma, se asocian al mal manejo de recursos: rebase de topes de gastos de campaña; compra o adquisición (si se aprueba la iniciativa presidencial) y el ingreso de recursos ilícitos. Estamos hablando de partidas públicas, principalmente, recordó.

La consejera destacó que uno de los aspectos controvertidos en 2012 fue que al momento de calificar la elección no había concluido la fiscalización ni se tenía una visión consolidada de los egresos de los partidos en las campañas federales. Esta reforma posibilitará que ahora se tengan mayores elementos, asociados a causales de nulidad, porque la fiscalización es un aspecto fundamental para la equidad, señaló.

Ahora hay mejores condiciones, no para anular una elección, sino para garantizar que no ocurran prácticas que te lleven a anular la elección. Me parece que lo trágico no es que se cancelen unos comicios, sino que ocurran conductas que te obliguen a ello.

Además de estos dos aspectos vinculados, existe un nuevo elemento a considerar: el INE tendrá ahora facultades para fiscalizar, no sólo los recursos de los partidos gastados a nivel federal, sino también podrá hacerlo –a menos que lo delegue– en el ámbito estatal.

Para la consejera del INE, Pamela San Martín, ahora hay mejores condiciones, no para anular una elección, sino para garantizar que no ocurran prácticas que orillen a anularlaFoto José Antonio López

En otro orden de las reformas (donde la falta de leyes secundarias genera dudas), la designación de los consejeros de los organismos públicos locales será complicada, particularmente por un factor adicional: el tiempo.

San Martín señaló que el nombramiento de los integrantes es un reto fundamental para el INE, a fin de lograr una conformación adecuada que cumpla con el principio dotar a esos órganos locales de autonomía para su funcionamiento.

Los organismos estatales deben tener autonomía –lo que establece la propia Constitución–, pero está relacionada con la independencia en sus funciones.

No habrá una relación de subordinación entre el INE y los organismos públicos; pero de ahí la relevancia que el proceso de designación incorpore a elementos que garanticen que en sus acciones no habrá interevenciones de ningún poder público ni fáctico.

Otro factor que deberá fortalecer el funcionamiento de estos organismos es la integración del Servicio Profesional Electoral Nacional, que si bien no se va a consolidar de inmediato, sino a mediano plazo, será fundamental para garantizar que se apliquen acciones que garanticen la equidad de las contiendas en el país y los estados.

Lo que se busca con esta reforma es que se mejoren las condiciones democráticas en el país. La democracia no es un concepto etéreo que no sabemos qué es. Se trata de buscar garantías para mejorar las condiciones en el ejercicio del voto, con el objetivo de que sea realmente libre y para que esto suceda tiene que ser un sufragio informado. Por eso hay que promover las condiciones democráticas, concluyó la consejera San Martín.