a siguiente reforma anunciada es la del campo y hay que prepararse para dar la batalla en el mundo de las ideas y en el de la política. No bastaron las modificaciones a la ley agraria de 1992, y los impactos provocados por esa y por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). No es difícil adivinar cuáles serán los objetivos y los métodos de este nuevo ajuste de cuentas con el mundo rural. Dos décadas después, buscarán desmontar por medio de nuevas leyes todo aquello que les estorba o les impide depredar con plenitud recursos naturales y trabajo humano. Y lo que más les estorba son los territorios campesinos que la historia ha dejado, a pesar de tres décadas de neoliberalismo, cuyas raíces se remontan a la revolución agraria de principios del siglo XX y al pasado de la civilización mesoamericana. Esta vez, sin embargo, hay una novedad: ya no se trata sólo de expulsar campesinos y de modificar a como dé lugar los territorios mediante el mercado y la tecnología, sino de articular esas acciones con las explotaciones del subsuelo (minerales, petróleo, gas y otros) que habrán de realizar las corporaciones multinacionales, extranjeras y nacionales, al amparo de las reformas energética y minera. Y en este intento hay un factor que se ha vuelto estratégico y que dará lugar a cruentas batallas: el agua.
Las acciones en el campo, pasadas y futuras, impulsadas desde el neoliberalismo proceden de una ideología, que para el caso del campo están asentadas en los agronegocios y tecnológicamente en el modelo agroindustrial, que impulsa el uso de maquinaria, agroquímicos (pesticidas y fertilizantes), nuevas variedades genéticas, cultivos transgénicos sobre medianas y grandes propiedades, y encadenados a los monopolios comerciales. Para una mente neoliberal lo anterior permite competitividad, productividad y progreso, tres palabras mágicas que cada vez más convencen menos. Como si fuera un programa insertado en sus cabezas, los técnicos, productores y funcionarios neoliberales creen en todo ello ciegamente como un feligrés mantiene la fe en su dios. En automático, sus mentes identifican progreso y modernidad con la industrialización del campo, y atraso y estancamiento con el mundo campesino. Sus cerebros, o más bien sus creencias y dogmas, no aceptan que pueden existir otras opciones, otras formas de modernización. En vez de adaptar o ajustar su modelo a la realidad, se pasan la vida adaptando la realidad a su modelo. Si, como se ha dicho, esta vez sí habrá consulta, debate y discusiones, el punto del dogma neoliberal deberá estar presente en todo momento, porque representa un nudo gordiano que vale la pena hacer visible.
Se debe echar abajo el mito de que para modernizar el campo sólo existe un camino. Hoy disponemos no solamente de suficientes evidencias científicas que cuestionan de raíz ese dogma, sino de innumerables ejemplos, concretos y reales, de que es posible una modernización alternativa basada en la agroecología, la producción cooperativa, la vida comunitaria, la cultura rural, la historia agraria, las instituciones sociales (ejidos y comunidades) y una investigación científica y tecnológica basada en paradigmas contrarios al de la agroindustrialidad. Me parece que, a diferencia de 1992, tenemos más argumentos, ejemplos y organizaciones sociales y políticas para detener y revertir este segundo intento de gestar un nuevo contexto legal que facilite la explotación del capital en el campo.
Hoy se puede ilustrar ampliamente que el modelo agroindustrial es una forma perversa de producir alimentos y otros bienes por seis simples, pero patéticas, razones. Primero, porque genera severos impactos al ambiente. No sólo contamina aire, suelos, aguas profundas, ríos, lagos y mares al esparcir todo tipo de agroquímicos, sino que afecta poblaciones de innumerables grupos de animales y plantas (el caso más conocido es la disminución de las abejas y otros insectos polinizadores documentado con gran preocupación en Estados Unidos, China y otros países). También genera deforestación de amplias superficies, reduce la variabilidad genética de los cultivos, lo cual disminuye la resistencia ante posibles plagas y enfermedades, y utiliza enormes cantidades de energía provenientes de los combustibles fósiles, por lo que se la ha llamado petroagricultura. La tercera razón atañe a los alimentos que consumimos. Mientras los de origen vegetal vienen cargados de venenos (pesticidas) y a pesar de su atractiva apariencia son deficientes en sus contenidos nutricionales, los de origen animal provienen de gigantescas granjas donde conviven cientos o miles de animales, mantenidos a su vez con alimentos industrializados, además de hormonas, antibióticos y otras sustancias tóxicas que ingerimos al comer su carne.
La cuarta razón está ligada a los cultivos transgénicos o genéticamente modificados, por sus potenciales riesgos de contaminación genética y los efectos sobre la salud de quienes los consumen, hecho cada vez más documentado por patólogos y genetistas. La quinta razón, que se fue delineando en los años recientes, es el efecto de la agricultura industrializada sobre el balance ecológico del planeta. Hoy se estima que entre 25 y 30 por ciento de los gases que producen el efecto invernadero, es decir, el calentamiento global, proceden del complejo agroindustrial: producción, transporte y transformación de alimentos. El último impacto es de carácter sociocultural y adquiere la forma de etnocidio: el modelo agroindustrial requiere de grandes propiedades para ser rentable y ello supone la expulsión de miles de pequeños productores tradicionales o campesinos por la vía legal (contrarreformas agrarias) o ilegal (diferentes formas de violencia). En futuros artículos examinaremos en detalle lo que se propone esta segunda contrarreforma a las leyes agrarias, y desmontaremos sus falacias surgidas en torno al dogma neoliberal*.
