l gobierno federal ha podido conjurar con amenazas de acción directa a la criatura que acogió, protegió y manejó en determinado momento de la estrategia de recuperación de Michoacán. Con extraordinaria y sugestiva facilidad para abrir y cerrar las puertas a grupos armados a los que se permitió actuar en funciones de autoridad y bajo explícita cobertura de fuerzas oficiales, ahora el comisionado Alfredo Castillo ha conseguido que en asamblea de dirigentes se haya acordado de un plumazo la disolución de organizaciones civiles con liderazgos bien definidos que hasta ahora se habían negado al desarme exigido por la parte gubernamental, en cuanto parecían no compartir la visión apresurada y simplista de que en tierras tarascas se han producido o están en curso de producirse tales cambios de fondo en la operación de grupos del crimen organizado, que ya no es necesaria la reacción ciudadana.

El ultimátum que dio el cada vez más desgastado Castillo a los bandos de autodefensa (igualmente erosionados en imagen pública, cohesión interna y credibilidad) para que entreguen sus armas a más tardar el próximo 10 de mayo ha sido una expresión más de la frívola irresponsabilidad con que el grupo federal gobernante ha tratado el delicado caso de Michoacán, donde convergen intereses políticos y económicos correspondientes a los tres principales partidos nacionales y donde hoy el peñismo, como el calderonismo en el sexenio anterior, ha hecho una apuesta de eficacia que no ha podido cumplir.

El golpismo institucional subyacente en la indefendible figura de un comisionado federal no ha sido suficiente para poner en sus manos los hilos de la política local, con todo y el efectista arraigo dictado a Jesús Reyna, el ex gobernador interino y ex secretario general de gobierno que capitanea densos intereses cupulares regionales. Tampoco ha podido Castillo dominar de manera sistemática e irreversible (aunque la votación unánime de ayer para dejar las armas pareciera indicar una contundencia que habrá de verse si realmente se cumple o provoca divisiones e insubordinaciones) a los contingentes de alzados con los que ha mantenido una política de acercamiento, infiltración, amenazas y traiciones.

Aun así, en la reunión celebrada ayer los líderes de las autodefensas han confirmado su dependencia respecto de los mandos federales, al aceptar el ultimátum antes mencionado a cambio de un proceso de presunto cumplimiento paulatino de exigencias como la liberación de un centenar de sus compañeros y una idílica limpieza total de templarios y su supuesta conversión automática en un primer territorio del país libre de problemas de inseguridad pública. El gobierno federal ha ido dando platillos dosificados a esos líderes de las autodefensas para que puedan argumentar a sus bases que las cosas han ido cambiando y que sus exigencias se van cumpliendo. Han caído dos de los tres principales jefes de los Caballeros templarios y la anunciada cereza del pastel, que sería la detención de La Tuta, podría servir de mucho para que los alzados fuesen inducidos a creerse satisfechos. El arraigo de Jesús Reyna es otro guiño programado para crear esas apariencias de cambios profundos.

También va cambiando el discurso de Juan Manuel Mireles, coordinador de los grupos de autodefensa. Ayer, por ejemplo, con oportunidad giró la mirilla hacia lo etéreamente nacional al decir que muchos de nuestros males están incubados en un gobierno corrupto e inepto; hace más de 30 años llegaron al poder un grupo de potentados y disponen de los dineros de la Nación (...) Esta clase gobernante está desvinculada del pueblo, a quien debiera servir; todos ellos son ricos. Mireles se ha movido entre claroscuros y tiene entre sus pendientes puntualizar las circunstancias específicas del accidente aéreo que sufrió y su posterior retención, bajo el argumento de protegerlo, por parte de la Policía Federal, entre comunicados y declaraciones contradictorias. Ahora, y a pesar del discurso acerado que en la víspera mantenía, Mireles ha sido uno de los votantes a mano alzada para que los grupos michoacanos de autodefensa sean devueltos al baúl de los entendimientos complicitarios, ya cumplidos los propósitos fijados por los mandos federales, que no los de las comunidades a las que decían representar, y con un cambio gerencial de operadores de negocios en la región.

La atención se posó en Guerrero a la hora de detener a un presunto jefe criminal, Antonio Reina, según eso responsable de actos de violencia de alto impacto, signifique lo que signifique el término en la cada vez más falsaria terminología oficial sobre el tema (en este sexenio se ha acentuado el hipócrita uso del eufemismo abatimiento para referirse a lo que con frecuencia son frías ejecuciones de presuntos delincuentes a los que se acribilla sin opción de procesamiento judicial). La aprehensión del supuesto líder de una banda denominada Los rojos hace recordar que no todo es Michoacán (o Tamaulipas) en materia de ese tipo de actividades cruentas, pues en muchas partes del país se viven episodios trágicos similares a los de las entidades trágicamente líderes en la materia. Por otra parte, conviene subrayar a las entusiastas autoridades federales (los hidalguenses Osorio Chong y Murillo Karam) y estatales (el priísta-perredista Aguirre Rivero) que en Guerrero existe violencia con otro matiz, el de los grupos caciquiles que frecuentemente están relacionados con grupos del narcotráfico, a los que usan para amenazar y castigar a organizaciones y líderes sociales.

Y, mientras en la cúpula priísta se estima que todo está listo para que Cuauhtémoc Gutiérrez preste un servicio especial más al que hasta ahora ha sido su partido, cuando sea expulsado del tricolor, y luego consignado judicialmente por sus andanzas de lenocinio, entre otras, el ex dirigente partidista en la capital… ¡Hasta mañana, con deudos señalando que Transportadora Turística Huicho subarrendó el vehículo que finalmente se estrelló en tierras veracruzanas!

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