l banco estadunidense Citigroup dio a conocer ayer que descubrió un nuevo fraude perpetrado en su filial mexicana, Banamex, por otra empresa contratista de Pemex. Al parecer se trata en esta ocasión de Evya, propiedad del panista Javier Camargo Salinas, fundada en 1991 en Ciudad del Carmen, Campeche, dedicada a prestar servicios de diseño, ingeniería, construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura petrolera en tierra firme y en el mar, y beneficiaria de más de 400 contratos con la paraestatal.
Según la corporación financiera del país vecino, el caso de Evya –que estaría involucrada en una afectación por cerca de 30 millones de dólares– tiene similitudes
con el fraude cometido por la empresa Oceanografía, la cual recibió de Banamex préstamos a corto plazo por 585 millones de dólares respaldados por adeudos de Pemex que resultaron inexistentes.
Ha de recordarse que desde octubre de 2013 Evya fue denunciada ante el Órgano Interno de Control (OIC) de Pemex Exploración y Producción (PEP) por diversas irregularidades relacionadas con contratos por 10 mil millones de pesos para la construcción de dos hoteles flotantes. Al presentar la documentación correspondiente, el secretario general del PRD en Campeche, Luis García Hernández, pidió que se investigaran los negocios de Camarco Salinas con Pemex y, en particular, con la subdirección de PEP para Mantenimiento y Logística en Servicios Marinos, que en la época en que se firmaron los contratos estaba a cargo de Mario Ávila Lizárraga.
Aunque algunas irregularidades de Oceanografía eran conocidas desde tiempo atrás en México –se sabía, por ejemplo, de las gestiones indebidas que los hermanos Bribiesca Sahagún, hijastros del ex presidente Vicente Fox, realizaron para que Pemex le otorgara contratos, a pesar de que la empresa se encontraba inhabilitada–, no fue sino hasta la indagación solicitada por Citigroup en Estados Unidos que las autoridades nacionales empezaron a investigarla. En cuanto a Evya, cabe preguntarse por qué no ha habido hasta ahora un posicionamiento oficial sobre la denuncia presentada hace ya seis meses en su contra.
Resulta preocupante, por otra parte, que la propia Pemex, presunta afectada por las operaciones irregulares señaladas, no haya emprendido acción legal alguna, y que la Procuraduría General de la República no haya empezado a activarse sino cuando un banco extranjero se declara estafado por contratistas de la paraestatal.
Los hechos referidos parecen indicativos de un desinterés de las autoridades federales por lo que es todavía, a pesar de la reforma energética privatizadora operada el año pasado, una parte sustancial de la propiedad pública de la nación. Contrasta con ese descuido la diligencia con que reaccionan las instancias de procuración de justicia ante una denuncia de Citigroup. Resulta inevitable, en tales circunstancias, que muchos ciudadanos concluyan que la institucionalidad del país se preocupa más en cuidar el patrimonio de los accionistas de Citigroup que el de los mexicanos, presunción que, por desgracia, parece encontrar plena correspondencia con el espíritu de la reforma energética mencionada.
