En la propuesta de ley general de partidos políticos que se discute en el Senado se señalan las bases para que el Instituto Nacional Electoral (INE) pueda cumplir una de las nuevas atribuciones que se le dieron a nivel constitucional: organizar las elecciones de las directivas partidistas.

En la iniciativa, que forma parte de la legislación secundaria de la reforma político-electoral, se señala que cada partido deberá contemplar en sus estatutos los supuestos y el procedimiento para determinar la procedencia de la solicitud que harían a la autoridad comicial, con miras a que organice sus procesos internos para el nombramiento de dirigentes.

Como parte de los términos del acuerdo INE-partido, se definirán los mecanismos para que los costos de organización del proceso, en los cuales podrá incluirse la eventual contratación de personal por el instituto para tal fin, sean con cargo a las prerrogativas partidistas.

Sin embargo, la propia legislación incorpora una salvaguarda para el INE, a fin de evitar que se vea involucrado en conflictos intrapartidistas que pudieran dañar su credibilidad.

El inciso h del artículo 43 de la iniciativa señala que podrá rechazar la solicitud si considera que no existen las condiciones de confiabilidad hacia el instituto por parte de los militantes del partido político para que intervenga en la organización de la elección del proceso interno, y que por tal razón pudieran originarse controversias y cuestionamientos que lesionen su credibilidad ante la sociedad.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado, Alejandro Encinas, dijo que es uno de los puntos a discusión, ya que el PRD no está de acuerdo en esa condicionante, que implica dar un cheque en blanco al INE.

Si esta opción no es considerada por los militantes, la organización de los procesos internos correrá a cargo de un órgano de decisión colegiada, que todos los partidos estarán obligados a integrar. Su función no sólo se abocara a la elección de dirigentes, sino también para regular y conducir la selección de candidatos a puestos de elección popular.

En los casos donde se solicite al INE su colaboración, la petición únicamente procederá cuando no se empate con procesos electorales constitucionales y, en su caso, deberá notificarse al instituto de esta pretensión tres meses antes de que concluya el encargo del órgano de dirección en funciones.

Coalición flexible

Otros aspectos relevantes contenidos en el proyecto de ley es la obligatoriedad que tendrán los partidos de contar con al menos siete órganos internos que conducirán, en sus respectivas responsabilidades, su destino:

Una asamblea u órgano equivalente integrado por representantes de todos los estados y que será la máxima autoridad; un comité ejecutivo nacional; un comité responsable del manejo administrativo y financiero; el órgano electoral interno ya mencionado; una instancia de justicia partidista que deberá ser independiente, imparcial y objetiva; un órgano responsable de cumplir las obligaciones de transparencia y acceso a la información, y una estructura responsable de la educación y capacitación cívica de los militantes.

En relación con el capítulo de coaliciones, además de las ya consideradas –coalición total o parcial (200 distritos electorales para diputados y 20 fórmulas al Senado), se incorpora la coalición flexible, la cual se entiende como aquella en la que los partidos políticos coaligados postulan, en un mismo proceso electoral federal o local, al menos a 25 por ciento de candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma comicial.

El senador Encinas comentó que hay unos 20 puntos encorchetados, es decir, aquellos en los que aún no hay acuerdo, como es el caso del inciso h del artículo 43, que se revisarán después de las vacaciones de Semana Santa.