e espalda a la sociedad, aprovechando las vacaciones decembrinas, el Partido Popular (PP) aprobó una enmienda a la ley 22/2013 que retira la residencia a los nacionales españoles que hayan migrado al extranjero durante más de tres meses. De golpe, el gobierno convierte en sin papeles a los españoles que hayan agotado la prestación y subsidio de desempleo y se hayan visto forzados a migrar. Los sin papeles españoles deberán de pagarse sus gastos médicos o prescindir de ellos en algún otro país europeo. Y si deciden volver al Estado español, no podrán ejercer su derecho a la salud hasta que obtengan un contrato de trabajo.

Sin duda, la conversión de españoles a sin papeles forma parte del proceso de privatización de la sanidad pública. Todo comenzó con la entrada en vigor de la ley 15/97 sobre Nuevas Formas de Gestión, votada en favor por el Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Nacionalista Vasco (PNV), Convergència i Unió (CiU) y Coalición Canaria (CC). Esta ley aseguró la entrada masiva de la empresa privada directamente en la gestión y provisión de servicios. Los españoles sin papeles, que no puedan ejercer su derecho a la salud, se verán obligados a asistir a un centro privado o a pagar la consulta en la sanidad pública, cuya gestión se está otorgando a empresas privadas paulatinamente.

El mecanismo privatizador, grosso modo, comienza cediendo la gestión de la sanidad pública a empresas privadas (bancos, multinacionales, empresas de capital riesgo, aseguradoras, etcétera), pagándoles un dinero fijo según la población atendida. El problema para las empresas es que no les basta esta renta, sino que quieren obtener más beneficios. Así que ahorran una parte del dinero que reciben del Estado, reduciendo los costes del servicio todo lo posible. Es así cuando la calidad de la atención empeora drásticamente. Más personas excluidas de la sanidad pública representan también menos costes, es el caso de los nuevos españoles sin papeles.

Ya con el Real Decreto 16/2012 del 20 de abril, se excluyó de la sanidad pública a los migrantes sin papeles extracomunitarios y a los españoles mayores de 26 años que no hubieran cotizado a la seguridad social. Es decir, de un derecho se pasó a un privilegio, al que sólo acceden quienes cotizan por medio de un trabajo. A partir de ese momento, el modelo de sanidad pública universal pasó a cubrir sólo a los asegurados, excluyendo a cientos de miles de personas del derecho a recibir atención sanitaria y se instituyó el repago en los medicamentos y en ciertas prestaciones sanitarias, como las prótesis.

Los medios de in-comunicación masiva difundieron la contrarreforma como la exclusión de los inmigrantes del sistema sanitario, ocultando los importantes retrasos para el resto de la sociedad nativa. Este enfoque permitió que se aprobara prácticamente sin ningún tipo de resistencia popular. La digna excepción de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros CIEs ¡NO! y de Yo Sí, Sanidad Universal aglutinó a profesionales de la sanidad pública para que ejercieran la desobediencia civil brindando el servicio a cualquier persona. Más tarde se sumó el importante movimiento ciudadano de la Marea Blanca que desbordó las calles de varias ciudades contra la privatización.

Según el estudio Crisis y contrato social: Los jóvenes en la sociedad del futuro (2014), realizado por el Centro Sofía para la Adolescencia y la Infancia, casi la mitad de los jóvenes españoles (48.6 por ciento) de entre 18 y 24 años aceptaría cualquier empleo, en cualquier lugar y con bajo sueldo. Además, 61.7 por ciento considera muy probable tener que irse al extranjero para encontrar trabajo.

El éxodo aumenta a pasos agigantados. Sólo en 2013 salieron de España 600 mil personas. A esta cifra habría que agregar los casi 700 mil migrantes del periodo 2008-2012 documentadas en el estudio La nueva emigración española, lo que sabemos y lo que no (2013), de Amparo González-Ferrer. Este informe cuestiona las cifras oficiales del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) estimadas en 225 mil exiliados para el mismo periodo. Para la autora, la inutilidad de las cifras del gobierno, corresponde a que el PERE obliga a contabilizar como emigrante sólo a quien puede demostrar que vivirá al menos un año en el extranjero y decide inscribirse.

En cuanto al posible retorno de estos emigrados, el informe explica que podría ser bastante elevado porque la mayoría de los que se marchan son bastante jóvenes y, por tanto, “tienen suficiente tiempo por delante para empezar una nueva vida si retorna, la mayoría no tienen aún familia que les ‘ate’ en el país de destino y tendrán mayor facilidad para reintegrarse en el mercado de trabajo español” a su vuelta.

Hoy, más que nunca, debemos esforzarnos por hacer llegar el mensaje de que la lucha de los sin papeles y contra la privatización de la sanidad pública es la lucha de todas y todos. Porque ¡Ninguna persona es ilegal! ¡La sanidad no se vende, se defiende!

Twitter: @CarlosSoledadM