l 30 de marzo, el Diario Oficial de la Federación hace pública la creación de una policía marítima para cuidar nada menos que 19 (todos) grandes puertos nacionales. Ante la falta de un marco legal apropiado, ambas dependencias (Secretaría de Marina/Secretaría de Comunicaciones y Transportes) firmaron el acuerdo
( La Jornada, 1/4/14), consigna el periódico, y revela la demoledora verdad: la ausencia de una ley integral en materia de seguridad.
En esa misma fecha varios medios informan que la Marina abatió en un municipio de Querétaro a Kike Plancarte, un gran narco. La terminología implanta ambigüedades. ¿Qué significa abatir
a un ser humano, y quién tiene facultades legales para hacerlo? Ese día, además, se violaron numerosos domicilios, ignorando esa garantía ciudadana que es el artículo 16 constitucional: “nadie puede ser molestado…” Son más muestras de la demoledora realidad.
En diciembre de 2009 fueron asesinados en Cuernavaca el narco Arturo Beltrán Leyva, tres sicarios, una señora en la puerta de su casa y un transeúnte. Una indiscreción de la Secretaría de Marina sobre un protagonista de los hechos llevó al asesinato de toda su familia en Tabasco. Estas tendencias noticiosas han venido haciéndose irrelevantes para el lector, pero los hechos han sido algo más que simples actos criminales. La opinión pública ya no las recibe con alarma, lo que es muy preocupante
Es de aquí que para un lego en derecho surja la duda: ¿pueden el Ejército o la Marina abatir
legalmente a ciertas personas y, sobre todo, en condiciones de total opacidad?
Un gran valor positivo a resaltar es que existan las fuerzas armadas, aunque sean la ultima ratio del Presidente de la República. Pero siendo el último recurso, en beneficio del mismo arbitrio y de la legitimidad de las órdenes presidenciales –que no puede ordenar más allá de lo que señala la Constitución–, ¿por qué no se pone orden legal, por qué se hacen cosas tan terribles como terminar con la vida humana de quien fuera, sin estar dotados de legitimidad ninguna?
Se ha abusado de las fuerzas armadas desde siempre, y al abusarse, el abusador –que ha sido el Presidente de la República– y los abusados –el pueblo víctima, y las mismas tropas– están en los extremos más frágiles de la ley, y esto erosiona terriblemente el estado de derecho. ¿Por qué no se corrige?
Para aminorar la responsabilidad oficial se habla de transitoriedad. Se ha dicho hasta el agotamiento, y se sigue diciendo, que las tropas regresarán a sus cuarteles
, y nadie, absolutamente nadie, lo cree, ni siquiera quien lo dice. Menos aún si todos los días se dan muestras exactamente de lo contrario, como se expone al principio de este texto.
En la lógica de la historia resulta que de Obregón en adelante se haya dado esa dilatada interpretación de la esencia y misiones de las fuerzas armadas, pero ya no es posible seguir así si queremos ser realmente lo que decimos: un país satisfecho consigo mismo.
Para bien del que manda, como para bien de los mandados, revísese el artículo 89, fracción VI, constitucional, y se verá lo frágil del sustento. ¿Puede el Presidente disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente
, como previene el artículo, para abatir
personas sin presunción absoluta ( juris et de jure)?
En el supuesto control del crimen participan tantas y tantas instituciones sin ningún marco normativo integrador que se puede anticipar que en cualquier momento podemos entrar en una crisis mayor que la que dicen prevenir o enmendar.
Es por esta debilidad que organizaciones internacionales periódicamente nos sorrajan denuncias vergonzosas a las que los gobiernos se han venido acostumbrando o acomodando con resignación pero sin una verdadera vocación de corregir.
El problema que esta deficiencia puede generar es una amenaza al hombre, el titular primario del derecho. El poder ser victimado en cualquier especie y grado es motivo de grave inquietud, todos podemos ser víctimas de la autoridad, y lejos de alejarnos, día a día nos aproximamos más al imperio de la intimidación oficial.
¿Por qué no se reconoce una contundente evidencia? la situación no mejorará. Estamos avanzando hacia un Estado totalitario a costa de los derechos más elementales. Persiste una simulación de décadas simplemente porque no se desea dar pasos transformadores, verdaderamente reivindicadores del tan sobado estado de derecho.
