Las reformas aprobadas recientemente por los congresos de San Luis Potosí, Quintana Roo, Jalisco y el Distrito Federal, cuyo propósito es limitar el derecho a la protesta y la libertad de expresión, van en contra del desarrollo de una sociedad democrática, denunciaron organizaciones sociales.

Al presentar el documento Control del espacio público: informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno, los colectivos –entre ellos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Análisis e Investigación Fundar– advirtieron que en las iniciativas se criminaliza la protesta con el argumento de regular las manifestaciones públicas.

Destacaron que la mayoría de los medios de comunicación crean un entorno negativo contra las protestas, al desinformar sobre el conflicto y omitir de forma deliberada las causas de él, y externaron su preocupación por el cerco a las libertades democráticas en las calles y ahora también en Internet.

Los colectivos anunciaron la creación del Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social, que monitoreará los proyectos legislativos que restrinjan el derecho de las personas a manifestar públicamente sus inconformidades.

Por limitar el derecho a la manifestación, los colectivos denunciaron el establecimiento de permisos para hacer reuniones públicas, la posibilidad de disolver marchas si bloquean edificios de gobierno o una vía de tránsito, y la criminalización del aspecto y la forma de vestir de personas.

Asimismo, los proyectos legislativos estudiados aumentan de forma desproporcional las penas a delitos que pueden cometerse durante manifestaciones, y establecen la posibilidad de limitar o suspender las comunicaciones electrónicas en sitios donde las autoridades consideren que está en riesgo el orden o la seguridad nacional.