La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) está trabajando en dos documentos que permitirían a los familiares de las víctimas de desaparición forzada asumir la representación jurídica de las personas ausentes y administrar sus bienes, informó el comisionado Julio Hernández Barros.

Durante su participación en un foro sobre el tema, organizado por la Cámara de Senadores, el abogado explicó que con el primero se busca la posibilidad de hacer una declaratoria provisional de ausencia por desaparición, lo cual significaría un primer reconocimiento de los derechos de los familiares de la víctima.

Una vez emitida esta declaración por alguna autoridad administrativa, los familiares de la víctima pueden asumir la representación jurídica de la persona desaparecida en los distintos actos en los que hoy se les pide comparecer de forma directa.

El segundo proyecto permitiría a la familia de una persona desaparecida disponer de sus bienes, previa autorización de un juez, para que pueda hacer frente a sus gastos y no quedar en un estado de indefensión absoluta.

Después de subrayar que dedtrás de las estadísticas sobre el tema está el dolor de familias completas, Hernández Barros recordó que las autoridades están obligadas a buscar a los desaparecidos y ofrecer soluciones integrales, pues un país que no sabe dónde están 30 mil de sus ciudadanos es un país con serios problemas.

El comisionado aseveró que las declaratorias provisionales de ausencia tendrían que ser expedidas de forma gratuita, con celeridad y bajo el criterio de presunción de vida, además de determinar reglas claras para que la víctima de desaparición forzada, una vez localizada, pueda recibir un informe detallado del uso de sus bienes mientras estuvo ausente.

Además, Hernández Barros anunció la elaboración de dos protocolos, uno para la búsqueda de personas y otro para el manejo de datos forenses, los cuales serían integrados con la ayuda de expertos y técnicos en la materia.

Finalmente, el comisionado hizo un llamado a los gobiernos estatales y municipales a formar cuanto antes comisiones ejecutivas de atención a víctimas, un fondo de ayuda y reparación integral del daño, un registro de afectados y un grupo de asesoría jurídica, pues la fecha límite para cumplir estos requisitos es el próximo 3 de mayo y el rezago es muy alto.