La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) aclaró que el documento de análisis que se difundió en el Senado de la República sobre la iniciativa de legislación secundaria fue enviado a solicitud de uno de los miembros de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, como parte del proceso de consulta, como un documento de trabajo para circulación restringida. Ante la necesidad de una respuesta pronta sólo se incluyeron temas puntuales, resultado de una primera lectura.

En un análisis más amplio, la OCDE señaló que es positivo que delimiten las funciones del presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y del secretario técnico, para evitar conflictos dentro del organismo.

Destacó la importancia de que se obligue al agente preponderante en telecomunicaciones a emitir una oferta pública de referencia para ofrecer sus servicios de interconexión, compartición de infraestructura y cumplir con la desagregación del bucle local, pero sugirió que esta obligación se extienda también a agentes con poder sustancial o con menor participación de mercado.

La OCDE sugirió que así como en la Ley de Competencia Económica se incluyó la definición de insumos escenciales, también debe definirse en la ley de telecomunicaciones y radiodifusión para asegurar la competencia. Un insumo esencial en telecomunicaciones es la interconexión.

En el envío restringido la OCDE recomendó eliminar los artículos 131 y el 67 de la iniciativa, para evitar que se menguaran las facultades del Ifetel en materia de tarifas de interconexión y que no se impusiera la tarifa cero, porque el preponderante no podría recuperar costos, inhibiría su inversión y el Estado mexicano terminaría llevando servicios a comunidades marginadas.

El documento remitido al Senado, aclaró el organismo, “no tenía como propósito hacer una valoración integral del proyecto de leyes secundarias ni tampoco se pretendía que fuera un documento concluyente para difundirlo a los medios de comunicación como opinión formal de la OCDE.

En tal virtud, y en aras de que la opinión pública cuente con un punto de vista integral, parecería pertinente dar a conocer todos aquellos elementos que no fueron mencionados en nuestra nota original, pero que son fundamentales para poner en su correcta dimensión la trascendencia de la reforma de telecomunicaciones en México”.

Al ampliar su opinión sobre la iniciativa, la OCDE señaló que es positivo que incluya en el artículo 123 la necesidad de que el Ifetel emita un plan técnico que contenga las especificaciones para que los operadores gestionen numeración, denominación y direccionamiento, que son recursos escasos en el sector y necesarios para que las empresas presten servicios adecuados a los usuarios finales.

Detalló la importancia de que la propuesta del Ejecutivo señale en el artículo 265 que el grupo preponderante en telecomunicaciones: Telmex, Telcel y América Móvil, publique una oferta de referencia de interconexión, de compartición de infraestructura y de desagregación del bucle local, porque este tipo de ofertas acaba con la negociación libre de condiciones entre operadores; pero, acotó, esta obligación se debe ampliar a los agentes con poder sustancial y debe destacarse que los precios de las ofertas deben orientarse a tener costos más eficientes.

Puntualizó que en la creación de la red mayorista para servicios de telecomunicaciones se debe definir que no incluye los servicios para usuarios finales, ya que evita distorsiones que pudieran surgir de una integración vertical. Si el Estado mexicano quisiera prestar servicios minoristas en alguna área geográfica específica como zonas rurales de difícil acceso, lo podría hacer creando un operador de propiedad pública. Esta red se crearía con 90 megahercios que se recuperen de la banda de 700 megahercios.

En sus observaciones la OCDE señaló que como un principio de competencia se debe incluir y recalcar el concepto de insumo esencial, porque es una herramienta clave para regular cuellos de botella a nivel de infraestructura, lo que se traduce en una mejora en la efectividad del marco regulatorio.