El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje notificó a la Procuraduría General de la República (PGR) el incumplimiento de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el acatamiento de un laudo para reinstalar en sus puestos laborales y pagar los salarios caídos a 63 docentes y empleados administrativos de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), que encabeza Rosalinda Morales Garza.

Porfirio Martínez González, abogado de los afectados, señaló que desde finales de enero pasado la PGR abrió dos averiguaciones previas con número de expediente 431/14, radicada en la mesa 10; y 432/14 en la mesa 12, contra el secretario Emilio Chuayffet Chemor, como titular de la dependencia, pues no se ha a acatado un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desechó el recurso de revisión interpuesto por las autoridades educativas.

Aseguró que la posición de la SEP ha sido alargar el plazo para dar cumplimiento cabal al laudo y pagar los salarios caídos a los trabajadores afectados, así como garantizar su reinstalación inmediata en sus puestos de trabajo.

Si la SEP no cumple el mandato del Poder Judicial, afirmó, la PGR podría consignar las averiguaciones ante un juez penal por desobediencia.

Joaquina Sandoval, una de las trabajadoras afectadas, aseguró que tras casi siete años de lucha en los tribunales laborales, vamos por el séptimo requerimiento para que cumplan un laudo inatacable.

Consideró lamentable que el secretario Chuayffet, quien dice respetar la legalidad, no lo haga con los trabajadores de la SEP, tras recordar que tres de sus compañeros fallecieron durante su lucha para ser reinstalados tras una larga batalla judicial para evitar que fueran trasladados a un edificio que no reunía las condiciones mínimas de seguridad.

Desde octubre de 2013 ganamos el laudo que establece que la SEP debe pagar nuestros salarios caídos y reinstalarnos, pero las autoridades educativas buscaron cualquier resquicio legal para impedirlo y fallaron, explicó.

En las reuniones sostenidas con representantes de la SEP, la más reciente encabezada por Francisco Álvarez Ruiz, representante laboral del área jurídica de la dependencia, se nos dijo que estaban buscando los recursos para pagarnos, y que no tenían nuestras plazas completas para reinstalarnos de forma inmediata.

Se trata de excusas, dijo, para no acatar el laudo. Buscan acabar con nosotros por cansancio, a pesar que les hemos demostrado que nos mantuvimos firmes a lo largo de estos casi siete años, porque nos asiste la razón.

Sin embargo, reconoció, que ha sido un proceso donde la SEP nos ha lastimado mucho como trabajadores, ante su reiterada negativa de dialogar, de comprender las razones de por qué nos opusimos a un traslado de las oficinas de la DGEI a un inmueble inseguro, concluyó.