Con modificaciones, el Senado aprobó la minuta para fortalecer la transparencia, el control y la fiscalización del Seguro Popular y la regresó a la Cámara de Diputados. Con los cambios, los senadores pretenden meter orden y regular la compra de medicamentos en los estados, ya que por corrupción se deben actualmente 2 mil 800 millones de pesos.

El presidente de la Comisión de Seguridad Social, el perredísta Fernando Mayans, destacó en tribuna que con las modificaciones buscamos meter orden, fiscalizar, regular y controlar, pues con ello se evitará que en las entidades se compren jeringas que valen dos pesos a 100, como ocurre hoy; una solución que cuesta 20 pesos la compran hasta en 200. Y no se diga en medicamentos. Algunos valen muy poco. El negocio siempre está por delante mediante el Seguro Popular, lamentó.

Dicho texto señala que se sancionará con pena de cuatro a siete años de prisión y multa de mil a 500 mil días de salario mínimo a quien desvíe el propósito de los recursos transferidos al sistema de protección social en salud.

Destaca que los regímenes estatales de protección social en salud deberán financiar y coordinar de manera eficiente, oportuna y sistemática la prestación de los servicios sanitarios.

El Senado introdujo tres cambios a la minuta. El primero fue para facultar a la Secretaría de Salud a que establezca el modelo al que se sujetarán los acuerdos de coordinación para la ejecución del sistema.

El segundo fue para precisar que los recursos que se transfieren en especie serán acordados en el anexo correspondiente. Por otro lado, que la Secretaría de Salud deberá establcer los precios de referencia con que las entidades federativas compren los insumos.

Con ello, se detalla, tanto la Federación como los estados estarán de acuerdo para la transferencia en especie y se fijará un límite para la adquisición de medicamentos, beneficiando el funcionamiento del sistema y al paciente.

La última modificación fue para estipular que cuando el estado no haya comprobado que los recursos destinados para los que fueron transferidos o entregados los recursos, las autoridades que tengan conocimiento de esa situación tendrán la obligación de informarlo a las instancias competentes para que procedan a su investigación y sanción correspondiente. El texto fue aprobado con 103 votos en favor y dos abstenciones.