emos crecer, a la par de la política de entrega de nuestros recursos naturales al mejor postor, procesos de resistencia de los pueblos que se oponen a ello. Las dependencias encargadas de regular el uso del suelo para evitar mayores desgracias del medio ambiente, la Semarnat especialmente, parecen, por el contrario, representantes, gestores de las empresas que pretenden instalar minas a cielo abierto, hidroeléctricas en las mejores subcuencas del país, o instalaciones para desplazar fluido hasta las gasoeléctricas. No hay Estado para defender a la gente de esto que es a todas luces un consistente proceso de devastación. Las comunidades se están defendiendo por su cuenta, con las armas de su historia y tradición.
Peor aún, los gobiernos se encargan de tratar de someter la protesta social allí donde se manifiesta; tal es el caso de las detenciones, amenazas y persecuciones que se llevan a cabo en la zona del Popocatépetl e Iztaccíhuatl, a cargo de los gobiernos de Puebla y Morelos, los cuales quieren asegurar la construcción de un gasoducto que desde Tlaxcala llevaría el producto a la planta generadora de energía eléctrica de Huexca, Morelos. Se trata, por cierto, de un despropósito monumental, señalado ya con todas sus letras por los expertos vulcanólogos de la UNAM, la UAP y otras dependencias académicas nacionales y extranjeras; las instalaciones son puestas en las zonas de peligro de uno de los volcanes más explosivos del mundo, y no hay razones que hagan desistir a Comisión Federal de Electricidad en su empeño por hacerle el trabajo sucio a la empresa española Elecnor y socios que la acompañan.
En la Sierra Norte de Puebla se ha desatado una ofensiva de las mineras por explotar los recursos que están debajo de la riqueza biótica extraordinaria, sólo equiparable a la riqueza cultural de esos pueblos. Ofensiva mixta, por cierto, porque simultáneamente se habla de construir hidroeléctricas que soporten el proceso de producción minera.
Hay buen número de reacciones exitosas ante este embate; las desplegadas en Olintla, Zautla y Tetela, por ejemplo. Hay organizaciones diversas que encuadran la resistencia, pero vale la pena mencionar, por su relevancia, a Tiyat Tlali, que agrupa a las organizaciones serranas más importantes y mantiene cohesión y acciones constantes.
Existe un caso especial a resaltar, por ejemplar. Hace unos años, Víctor Toledo escribió en estas mismas páginas un artículo que tituló: El modelo Cuetzalan
. Lo usó para mostrar la posibilidad de organización a partir de la constitución de un ordenamiento territorial fincado en la organización de los pobladores.
El viernes pasado, el proceso cuetzalteco tuvo un pico: el presidente municipal Óscar Paula, con sólo 49 días en el mando, se comprometió con una representación del Comité del Ordenamiento Territorial Integral del Cuetzalan a no autorizar la instalación de ninguna mina ni hidroeléctrica. En la asamblea estaba la representación de este que es el órgano de conducción de los ordenamientos ecológico y urbano, los representantes de las juntas auxiliares –subdivisiones de los municipios en Puebla– y las personas elegidas en asambleas como representantes de los comités del agua de más de 20 comunidades, casi todas indígenas masehuales.
La Secretaría de Economía y la Semarnat autorizaron la exploración de minerales en Cuetzalan, Zacapoaxtla y Tlatlauquitepec, sin que mediara consulta alguna con los pueblos. La delegada de Semarnat en Puebla, Daniela Migoya Mastretta, niega que exista permiso, pero en la gaceta oficial de su dependencia está bien acreditada su existencia en favor de la Minera Autlán.
El alcalde, una vez convencido por el comité del ordenamiento de la existencia de los permisos, fue contundente en la asamblea: si mi pueblo, representado por ustedes –dijo–, se opone a las minas y otros proyectos, yo me opongo también. Más aún, pidió a la gente no vender ni rentar sus tierras a estas compañías.
Este es el resultado de una larga tradición organizativa de los cuetzaltecos, expresada en la existencia de organizaciones sociales bien fincadas en la población, como la Masehual Zihuame o la Tosepan Titataniske. El proceso de construcción de este ordenamiento territorial se basó en la participación ciudadana desde la etapa de caracterización y diagnóstico, y la propuesta de modelo se llevó de nuevo a las asambleas –más de 14 en cada ocasión– para que lo aprobaran. Esto hizo del ordenamiento un instrumento de todos, conocido y defendido por todos. La Universidad Autónoma de Puebla condujo técnicamente el proceso.
El jueves pasado, los diputados Ricardo Monreal y Zuleima Huidobro, con información de los integrantes del comité del ordenamiento cuetzalteco, presentaron un punto de acuerdo en la cámara para que se investigue qué está pasando con las mineras, y el particular con este caso.
La fuerza legal del ordenamiento se expresa en el manifiesto de impacto ambiental que Pemex presentó para explotar una larga franja que va desde la costa a las montañas del oriente mexicano: Cuetzalan es un punto que no se puede tocar –dice– tiene un ordenamiento ecológico que lo prohíbe.
Hay muchas formas de defender el territorio, desde luego. Esta es una de ellas, fincada en la legislación vigente pero afianzándola en la población.
* Director de La Jornada de Oriente
