A petición de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el juez sexto de distrito del Poder Judicial de la Federación emitió una orden de aprehensión contra directivos de la empresa Latino Servicios de Salud, entre ellos el secretario general de Gobierno de Baja California, Guillermo Trejo Dozal, quien ya pidió licencia al cargo, la cual confirmó el gobernador Francisco Vega.

En 2011, Trejo Dozal fue secretario de administración de la empresa, con sede en Mexicali, la cual ofrece servicios médicos de especialidades, urgencias y laboratorio, entre otros. La orden fue emitida el pasado 31 de enero, pero apenas se dio a conocer.

La CNSF refiere que se hicieron operaciones de seguros mediante contratos de servicios médicos sin autorización federal.

La dependencia mencionó que no existen antecedentes de que se haya autorizado a la empresa operar como institución o sociedad mutualista de seguros, lo que podría constituir un delito. Por ello, en abril de 2012 pidió a la SHCP que se especificaran las irregularidades en que incurrieron Raúl Garnier Capillo, Gilberto Sing Hurtado, Guillermo Trejo Dozal, Carlos Humberto Bonfante Olache y el apoderado legal, José Fernando Moncada.

El informe detalla que entre 2009 y 2102 se firmaron 13 contratos con diferentes empresas para servicios de consulta externa general y de especialidades, urgencias médicas y accidentes, optometría, oftalmología, laboratorio, hospitalización de corta distancia, cirugía ambulatoria de urgencias, suministro de medicamentos de patente, exámenes médicos para selección de personal y prestación de servicios médicos menores para empleados.

Señala también que no existen constancias de pagos por primas de seguros. Sin embargo, hay facturas por servicios médicos por cuatro millones 679 mil pesos.

El 31 de enero se libró orden de aprehensión contra cuatro directivos, incluido Trejo Dozal, quien era secretario del consejo de administración.

Vega reconoció la congruencia de Trejo Dozal por haber solicitado licencia para enfrentar este proceso, y nombró encargado de despacho a Francisco Rueda, subsecretario general de Gobierno.