La aprobación de una nueva ley de partidos políticos –como la prevista en el Congreso para completar la reforma constitucional en materia electoral– abrirá la oportunidad para tener una justicia intrapartidista más sólida, con plazos específicos, garantías de audiencia e instancias internas imparciales que beneficien a su militancia, sostuvo el magistrado de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Manuel González Oropeza.

En entrevista con La Jornada, González Oropeza aseguró que en México “venimos de una tradición en que las frases populares describen la situación: ‘Esto es político, no jurídico’. Lo que quiere decir que uno se somete a las reglas de la oligarquía, donde hay una estructura vertical, en la cual la dirigencia es la que manda y los demás deben disciplinarse. Hoy aún tenemos resabios de esa concepción oligárquica”.

–¿La vida interna de los partidos políticos es uno de los mayores rezagos que habría en nuestra democracia?

–No el mayor rezago, pero es un punto coyuntural muy importante, porque antes de la reforma sobre las candidaturas ciudadanas la única manera que tenía el ciudadano de ejercer el derecho a ser votado era exclusivamente pertenecer a los partidos políticos. Si éstos representaban esas tendencias oligárquicas, no se les podía anular resoluciones contrarias al debido proceso, no respetaban los derechos de los militantes y no se podía hablar realmente de una organización democrática que promoviera la democracia en el país.

–¿Las quejas intrapartidistas representan un porcentaje elevado de los recursos ante el TEPJF?

–Por lo menos 70 por ciento.

–Lo que habla de una inconformidad generalizada de los militantes.

–Exacto. Se va a regularizar poco a poco. Con una ley de partidos políticos se tendrá la oportunidad de tener una justicia intrapartidista más sólida, con plazos específicos, con garantías de audiencia al interior de los procedimientos intrapartidistas. Fijará las reglas que todos las organizaciones políticas deben observar en beneficio de su militancia y de la transparencia dentro del partido.

–¿Hay rezagos en las instancias de justicia partidistas?

–Así es. Las quejas o resoluciones no tienen plazo de caducidad. Pueden estar mucho tiempo y el partido la puede hacer efectiva en el momento que desee; los tiempos para interponer y defenderse no están bien determinados y el militante no sabe en qué momento puede defenderse ni cómo. Algunas veces los periodos son demasiado pequeños, dos días. Todas estas cuestiones del debido proceso deben ser reguladas en la ley, no tanto a discreción de los estatutos partidistas.

El partido no pone especial énfasis en sus estatutos para fijar reglas claras en cuanto al debido proceso, por eso tiene que ser la ley la que determine estas cuestiones. La justicia intrapartidista debe ser imparcial, como un atributo previsto en la ley, y para ser así se requiere seleccionar en las comisiones de honor o de quejas personal profesional que no sea necesariamente del partido, sino que sea un juez al interior de la organización y no pueda sucumbir ante las presiones de la jerarquía del partido.

–Ha habido un descuido de los partidos en fortalecer esas instancias, o una intencionalidad de no fortalecerlas?

–No podemos saber si hay una intencionalidad. Lo que sí es que el partido está preocupado por otras cuestiones más ingentes –la propia dinámica interna, la duración de los cargos, los procesos, la selección de candidatos–, le da prioridad a estas cuestiones que son sustanciales a la de resolver conflictos, que en principio no debería haber.

González Oropeza enumera las principales causas de inconformidad de los militantes de partidos: derecho a la información, procesos de selección, inequidad en procesos internos. La legislación específica deberá regular todos estos casos, además de temas como la disolución de los partidos cuando pierden el registro.

El magistrado reivindicó la necesidad de legislar en la medida en que México concibe a los partidos como órganos de interés público, no son organismos privados. Su financiamiento es fundamentalmente público, y por eso el Estado debe intervenir para regular los derechos políticos de los militantes. Por ahora, esto se ha regulado con base en las resoluciones y los criterios emitidos por el TEPJF.