La iniciativa de legislación secundaria en telecomunicaciones del presidente Enrique Peña Nieto viola los derechos de libertad de expresión y de información y la protección de datos personales, consagrados en la Constitución, advirtieron ante senadores representantes de organizaciones sociales y académicos. Demandaron que se eliminen los artículos de esa legislación que permiten el espionaje telefónico y la censura en Internet.

En el último día de las audiencias públicas en el Senado, en torno a esa iniciativa, organizada por las comisiones dictaminadoras de la iniciativa, el representante de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, Luis Fernando García, advirtió que se trata de una propuesta de ley que confirma el deliberado propósito de neutralizar Internet como herramienta para el ejercicio de libertades y convertirla en un instrumento de control político.

Se trata de un ataque contra quienes salimos a las calles hace dos años ante la amenaza de una restauración autoritaria que tristemente estamos viendo cómo se cristaliza y avanza.

García resaltó que el artículo 145 de esa ley instaura mecanismos de censura a Internet al facultar a los concesionarios a bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones y servicios cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normativa.

Es también inaceptable, recalcó, la fracción 7 del artículo 197 de la ley mencionada, porque faculta a las autoridades a bloquear o anular las señales de todas las bandas de telecomunicaciones, en actos y lugares críticos para la seguridad pública nacional. Es una herramienta propia de regímenes autoritarios, que impediría la labor periodística, la documentación de violaciones a derechos humanos e incluso el uso de servicios de emergencia durante manifestaciones públicas.

Hizo notar que esas medidas han sido condenadas por los relatores de Libertad de Expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Jesús Robles Maloof, del Colectivo Internet Libre para Todos, consideró que es el más grande reto regresivo y autoritario desde que Internet existe en el país.

Resaltó que los artículos 192 y 194, por los que se obliga a los concesionarios a la geolocalización de los usuarios de telefonía a intervenir sus comunicaciones y llevar un registro de dos años de sus datos, son arriesgados, ya que les están entregando charolas digitales, a policías de bajo nivel, que podrían estar incluso vinculados con el crimen organizado y tendrían datos, como preferencias políticas, religiosas, sexuales, estado de salud, relaciones sentimentales, de los usuarios.

María Elena Meneses, de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, resaltó que la iniciativa de Peña soslaya la protección de la identidad y privacidad por parte de las empresas y portales de Internet, en una era de espionaje gubernamental e infiltraciones de proveedoras de bienes y servicios que obtienen ingresos a partir del manejo poco escrupuloso de los datos personales.

Otra de las ponentes, Judith Mariscal Avilés, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, advirtió que la iniciativa pone en riesgo la autonomía y el fortalecimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Dijo que el Ejecutivo federal pretende retomar las facultades que se dieron en la reforma constitucional a ese organismo, mediante la legislación secundaria.

En nombre de Observatel, Clara Luz Álvarez hizo notar que la propuesta quebranta los derechos de las personas con discapacidad, ya que no incluye mecanismos para que este sector de la población pueda acceder a las telecomunicaciones.