n elemento clave para lograr una eficiente administración pública consiste en que los servidores tengan la capacidad necesaria para desempeñar los cargos asignados, sean justamente remunerados y sujetos a un modelo de desarrollo personal y de capacitación para realizar su función correctamente. Para ello se han creado sistemas de servicio profesional de carrera que incluyen reglas para el ingreso, la promoción, la formación y la evaluación del desempeño, que ya existen en distintos sectores. Por ejemplo, para ocupar el puesto de juez o de profesor universitario debe cumplirse con cierto procedimiento.

La necesidad de contar con un adecuado sistema de profesionalización se enfrenta cotidianamente a múltiples obstáculos e intereses creados. En general, los gobernantes tienden a separar al personal de la administración anterior, aun cuando sea de su propio partido, buscando cumplir con los compromisos adquiridos en campaña; así se desarrolla la práctica conocida como de cuates y cuotas. En la actualidad, el Ejecutivo federal ha promovido por la vía legislativa la reducción del número de puestos regulados por la Ley del Servicio Profesional de Carrera, alegando que los dos anteriores gobiernos panistas colocaron en puestos clave a numerosos cuadros. En los estados, los gobernadores se resisten a impulsar avances en esta materia, mientras en el Distrito Federal la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Servicio Público de Carrera de la Administración Pública, publicada el 28 de enero de 2012; aún no está vigente.

En el ámbito laboral, la reforma a la Ley Federal del Trabajo en diciembre del 2012 incluyó la existencia de un Servicio Profesional de Carrera para el ingreso, promoción, permanencia, evaluación del desempeño, separación y retiro de sus servidores públicos. Para atenderlo, cada Junta de Conciliación y Arbitraje estaba obligada a generar dos reglamentos: uno, para el Servicio Profesional de Carrera y otro, para la evaluación del desempeño de los presidentes de las juntas especiales; para estas tareas se fijó el término de un año.

El cumplimiento de esta obligación creó muchas expectativas en el ámbito de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, tribunal de gigantescas dimensiones con enormes retos, lo que constituye elementos fundamentales de la política laboral de un gobierno progresista. En un tribunal que en algunas áreas ha mejorado su servicio pero que aún requiere mayor apoyo presupuestal para incluir en el proceso de mejora a los trabajadores de base que están injustamente marginados, se esperaba que el proceso de profesionalización fuese un ejemplo para el conjunto de las juntas locales del país y que contrastara con las limitaciones del reglamento creado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Este optimismo se ha visto frustrado al darse a conocer un proyecto de servicio profesional de carrera y de evaluación de presidentes con serias deficiencias, incluso peores, que las contenidas en el ámbito federal. Por principio se integran en un solo reglamento dos servicios que la ley da por separado: el relacionado al servicio profesional de carrera y el que se refiere a la evaluación de presidentes de las juntas especiales que toman decisiones fundamentales en el ámbito de los juicios individuales. Se excluye del servicio profesional a un inmenso número de puestos que van desde el presidente, secretarios generales, presidentes de las juntas especiales, directores generales, directores, secretarios auxiliares en labores tan importantes como el Registro de Contratos Colectivos, Huelgas, Servicio Público de Conciliación, Conflictos Colectivos y Registros Sindicales. Se excluye también a los coordinadores, al contralor y a otros servidores públicos en cuyo servicio está cifrado, como han advertido algunos representantes sindicales democráticos, el reto de la profesionalización. En pocas palabras, las exigencias se pretenden aplicar tan sólo a un reducido número de categorías, incumpliendo con el mandato legal que, sin distinción, señala que el personal jurídico debe estar sujeto a esta profesionalización.

Una deficiencia adicional de este proyecto es que la Comisión del Servicio Profesional de Carrera y de Evaluación está integrada por personas a quienes no se impone acreditar previamente requisitos de capacidad y especialidad para el desempeño de sus funciones; se incluye a personal administrativo dependiente de la presidencia, dando prioridad al control burocrático y se llega al absurdo de otorgar al contralor la capacidad para resolver las controversias. Se omite la integración de personal de prestigio académico y profesional con capacidad para tomar decisiones autónomas.

La más grave de las deficiencias de este proyecto es que se pretende acceder a la presión corporativa de la CTM y de la Coparmex, permitiendo incluir con voz y voto en esta comisión a los representantes de los trabajadores y los patrones. Se trata de una comisión que determina no sólo el ingreso y promoción del personal jurídico, sino también las posibilidades de su despido, incluidos los presidentes de las juntas especiales; aceptarlo permitiría una intromisión gremial que va totalmente en sentido contrario de los altos fines de un servicio de profesionalización y evaluación. Aprobar un proyecto en estos términos rompería el carácter tripartita de la junta; es tan absurdo, como si los representantes del gobierno intervinieran en el ingreso y separación de los líderes sindicales y patronales. Admitir un proyecto con estas características constituiría una invasión a la vida administrativa y jurídica de las juntas y colocaría a los presidentes de las juntas especiales en un riesgo constante que los obligaría a comprometer sus decisiones para no contravenir los intereses de los representantes obreros y patronales, a quienes este absurdo reglamento convierte en sus evaluadores.

Aún es tiempo de que la junta y el gobierno de la ciudad reaccionen y favorezcan un Servicio Profesional de Carrera y de Evaluación de todos sus funcionarios y servidores públicos; aún es tiempo para dar un ejemplo al resto de los tribunales del país en favor de una profesionalización integral, como lo merecen los capitalinos, especialmente los millones de hombres y mujeres trabajadores cuya suerte laboral depende de la calidad de las decisiones de este importante tribunal.