El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, sostuvo ayer que detrás de los problemas del medio y de injusticia ambiental subyacen conflictos éticos, como codicia, desinterés por los otros y preocupación exclusiva por la ganancia.

Al participar en el inicio del foro El futuro de la justicia ambiental en México, que se realiza en la Cámara de Diputados, el rector resaltó que “no se podrá tener justicia ambiental en el país mientras no se resuelvan los problemas de los pueblos indígenas en el ramo y en tanto no se vean los conflictos desde un contexto colectivo, por ejemplo.

Cuando se habla de justicia ambiental se habla de una problemática en el quehacer de los seres humanos que reúne lo individual y lo colectivo, lo económico y social, lo biológico y lo ético, porque se trata también de un asunto de principios y valores.

Resaltó que aun cuando cada vez existe mayor conciencia sobre los derechos de las personas y de la colectividad, es paradójica la distancia que hay entre el derecho y la realidad. “Miles de millones de seres humanos, entre los 7 mil 200 millones que poblamos el planeta, carecen de agua potable y drenaje. Mil millones tienen dificultades para alimentarse; cientos de millones, casi 800, no tienen capacidad de leer ni escribir, y podría extenderme sobre problemas de salud, vivienda, transporte, alimentación…”, mencionó.

Narro expuso que en los problemas del medio ambiente no podemos hacer como que no nos damos cuenta.

En el mismo foro, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra, afirmó que el crecimiento del país no puede estar atado a la entrega del medio ambiente, esto es, que el desarrollo se obtenga de manera sostenida pero sustentable.

Por su parte, el presidente de la mesa directiva en San Lázaro, José González Morfín (PAN), planteó que una alternativa para que las empresas se instalen en el país y sus procesos no sean contaminantes es darles incentivos para que inviertan en mejorar su desempeño ambiental.

Tenemos que hacer más atractivo invertir para evitar contaminar; es decir, que no inviertan en multas y sanciones, y esto ayudaría a reducir la carga jurídica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), expresó.

También, el titular de la Profepa, Guillermo Haro, propuso que el Congreso tipifique como graves todas las conductas que dañen el ambiente y se combatan la corrupción y la impunidad.