Los juzgados de distrito ubicados en los estados de México, Jalisco, Tamaulipas y Nayarit, donde también se localizan penales de máxima seguridad y/o federales, dejarán de dictar autos de formal prisión o libertad por exhorto de otros jueces, es decir, por petición de un juez que despacha en alguna otra entidad.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó que a partir de ahora los jueces en materia penal y/o mixtos (civil, amparo y/o penal) ubicados en las regiones donde haya Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) únicamente resolverán asuntos que ellos mismos inicien.

Durante las recientes dos décadas era común que si un juez en el estado de Tabasco emitía una orden de aprehensión contra un presunto narcotraficante considerado de alta peligrosidad, se pidiera, por exhorto a algún juez ubicado en el mismo estado en donde el criminal estuviese preso, que resolviera la situación jurídica del mismo.

Ello' provocó sobrecargas de trabajo debido a que tan sólo en 2013 los seis juzgados de distrito ubicados en Toluca, estado de México, que resolvían por exhorto asuntos de delincuencia organizada, llegaron a recibir cada uno hasta entre 200 y mil peticiones de exhorto.

Varios jueces, secretarios de acuerdo, actuarios y hasta oficiales judiciales (el cargo de menor categoría dentro de un juzgado) presentaron en meses recientes escritos de queja ante el CJF para solicitar la creación de nuevos órganos jurisdiccionales ubicados en la región de los Ceferesos, pero la judicatura respondió que carece de presupuesto para nuevos espacios.

Ante ello, el CJF emitió un acuerdo para que, hasta nuevo aviso, los jueces que ordenen la aprehensión de un acusado sean quienes dicten el auto de término constitucional (formal prisión y/o libertad), y los que realicen las diligencias necesarias, incluso por videoconferencias, para realizar los procedimientos jurídicos respectivos.

La gran población penitenciaria en los Ceferesos, aunado al retraso en la dotación de espacios adecuados y suficientes por las autoridades penitenciarias federales ha derivado en situación apremiante de altas cargas de trabajo en los juzgados, refirió el CFJ.