Por primera vez en la historia, un grupo de personas con visas temporales de trabajo en Estados Unidos decidió interponer una demanda colectiva ante las autoridades mexicanas para denunciar los abusos que padecen de forma cotidiana durante el proceso del reclutamiento y la contratación, en el cual están expuestos a fraudes, extorsiones y amenazas.

En conferencia de prensa, Olivia Guzmán y Cinar Vázquez, miembros de la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Temporales Sinaloenses, explicaron que el 17 de enero de 2012 un supuesto representante de la agencia de colocación Desarrollo Social Sin Fronteras –cuyo representante legal es Humberto Salinas Cepeda– llegó a la ciudad de Topolobampo a ofrecer visas de trabajo en Estados Unidos a cambio de 200 dólares.

Un total de 36 personas depositaron la cantidad requerida, con la promesa de que iban a conseguir un permiso para trabajar en los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur, pero después ya no volvieron a saber nada de su dinero ni de su proceso de reclutamiento.

Por tal motivo, 17 de los perjudicados decidieron presentar el 31 de marzo de este año una demanda colectiva ante el Ministerio Público de Los Mochis, Sinaloa, por el delito de fraude, la cual ya fue aceptada.

Guzmán indicó que los abusos contra los trabajadores no sólo ocurren al ser víctimas de fraude en México, sino también cuando llegan a Estados Unidos, donde son obligados a cumplir jornadas de trabajo excesivas, reciben menos dinero del prometido, tienen condiciones de estancia muy precarias y son amenazados por sus empleadores con despedirlos, lo cual los dejaría automáticamente en calidad de migrantes indocumentados.

Además de pedir a los migrantes entre 100 y 600 dólares para ser seleccionados, indicó la activista, a muchas mujeres los reclutadores les piden favores sexuales para darles la visa, lo cual nunca se había denunciado públicamente, hasta el surgimiento de la coalición en octubre de 2013.

Alejandra Ancheita, directora de la organización Prodesc, y Juan Antonio López, abogado de ese mismo colectivo, explicaron que no hay cifras confiables sobre el número de personas afectadas, ya que el gobierno mexicano no ha firmado un convenio bilateral con Washington en esta materia, como sí hizo con Canadá.

Sin embargo, se puede tener una idea aproximada de la magnitud del fenómeno al saber que tan sólo el año pasado Estados Unidos otorgó 80 mil 297 visas H-2A (para trabajadores agrícolas) y 63 mil 471 visas H-2B (para trabajadores no agrícolas), 70 por ciento de las cuales fueron para mexicanos.