Los juzgados primero y segundo especializados en telecomunicaciones y competencia económica admitieron para su análisis y desahogo las demandas de amparo tramitadas por Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa, al que pertenecen América Móvil, Telcel y Telmex, propiedad de Carlos Slim, y por Televisa, de Emilio Azcárraga Jean.

Fuentes del Poder Judicial federal informaron que ambos juzgados dieron por cumplidos los requisitos de forma para poder entrar al estudio de las demandas de amparo en las que los consorcios de Slim y Azcárraga, que fueron declaradas empresas preponderantes por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), alegan violaciones a sus derechos humanos y garantías constitucionales.

No existe un tiempo específico para que se resuelvan en primera instancia estos juicios de amparo, aunque en casos similares se han llegado a tardar más de 12 meses.

El mes pasado el Ifetel declaró preponderantes a Grupo Carso y a Grupo Financiero Inbursa de Slim, así como a Televisa de Azcárraga.

Durante una entrevista con Notimex, efectuada el pasado 31 de marzo, el presidente del Ifetel, Gabriel Conteras, dijo que si bien hasta le momento no se ha recibido la notificación del juicio de amparo que interpusieron por separado Carso, Inbursa y Televisa, el órgano regulador de telecomunicaciones hará valer lo que a derecho corresponda.

Contreras expuso que detrás de las resoluciones de preponderancia hay un trabajo muy serio del instituto; se siguieron los procedimientos como lo marca la ley y confiamos en que serán revisados por el PJF, pues son documentos sólidos hechos claramente conforme a derecho, argumentó.

El pasado lunes, las empresas de telecomunicaciones señaladas como preponderantes dieron a conocer que interpusieron un juicio de amparo contra la resoluciones del Ifetel.

En información enviada al público inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores, las emisoras señalaron por separado que al no tener una concesión en telecomunicaciones no se les puede señalar como agentes económicamente preponderantes.

En el caso especifico de Televisa, la empresa de Azcárraga alegó presuntas violaciones a derechos humanos, aunque los alcances y argumentos específicos de la demanda aún no se han hecho públicos.