Más de 3.5 millones de ejidatarios de todo el país no se han inscrito al régimen de incorporación fiscal –mediante el cual deben emitir facturas digitales–, y el plazo que dio el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para hacerlo venció ayer.

Los pequeños productores no se inscribieron a ese régimen debido a que no cuentan con asesoría de contadores ni cuentas bancarias, y mucho menos computadoras o acceso Internet.

Luego de aseverar lo anterior, el secretario de organización de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), Raúl Pérez Bedolla, pidió la intervención de la procuradora de la Defensa del Contribuyente, Diana Rosalía Bernal, para que atienda este conflicto, ante la imposibilidad de los integrantes del sector primario de cumplir con las obligaciones tributarias.

Añadió que además de la situación fiscal de esos pequeños productores que no tienen condiciones para darse de alta al Registro Federal de Contribuyentes y presentar declaraciones fiscales mensuales, las secretarías de Agricultura y de Desarrollo Agrario solicitan que se cumplen esos requisitos tributarios para que los campesinos tengan acceso a programas oficiales.

Así, para que se les otorgue el apoyo de Procampo, tendrán que cumplir con declaraciones fiscales y las facturas electrónicas que comprueben en qué gastó el productor, por lo que se considera que la respuesta para el campo en la reforma fiscal es más burocracia, y muchos campesinos van a ser declarados delincuentes fiscales en dos o tres años; entonces vemos un problema grave que se nos vendrá encima, advirtió Pérez Bedolla.

Indicó que ya los pequeños productores están en un padrón, por lo que la Secretaría de Agricultura sabe quiénes son y no debería tratar de sujetar a estos campesinos a un régimen fiscal que está diseñado para empresarios, obreros y empleados que son cautivos y reciben un recurso cada quincena.

Recordó que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) emitió la Recomendación Sistémica 001/2014 al SAT, en la cual señala la imposibilidad de los miembros del sector primario para dar efectivo cumplimiento a esas obligaciones fiscales.

Además, esa procuraduría señaló en la recomendación que las autoridades del SAT incurren en actos y prácticas administrativas que derivan en violaciones a los derechos de los contribuyentes, ya que no reconoce las condiciones económicas, sociales y culturales en las que se desenvuelve el sector primario.

Pérez Bedolla añadió que la Prodecon indica en su recomendación al SAT que este sistema debe considerar la emisión de una resolución que considere nivel académico, social, económico y de acceso a servicios de los contribuyentes, como es el caso de los pequeños productores agropecuarios.

Consideró que para este sector, la imposición de cargas excesivas o restringir las facilidades resulta un golpe directo a su desarrollo, y si se le limita aún más la economía nacional sufrirá un impacto.

Se estima una caída de 2.7 por ciento en el valor del producto interno bruto del sector primario y la pérdida de casi 350 mil empleos, lo que implicará más pobreza en el medio rural.