El Instituto Federal Electoral (IFE) desahogó ayer 42 procedimientos ordinarios sancionadores, con lo que solamente quedarán por resolver, al término de su existencia como institución, 45 de estos trámites, según dio a conocer el consejero electoral Lorenzo Córdova. Destacó que desde la salida de Leonardo Valdés de la presidencia, y otros tres consejeros en octubre, el organismo ha resuelto 161 quejas de carácter ordinario.

A su vez, el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, señaló que si se mantiene el ritmo de desahogo de estos procedimientos ordinarios, ‘‘sería la primera ocasión en que se inicia un proceso electoral federal sin ningún rezago, ni en especiales sancionadores (que incluyen un plazo para su resolución) ni en ordinarios’’. En el primer caso no existe ninguno pendiente y en el segundo hay 10 expedientes, ‘‘que a este ritmo de trabajo los podremos desahogar antes del inicio del proceso electoral’’.

Sin embargo, durante la sesión el representante del PAN, Rogelio Carbajal, se inconformó con el sentido de la resolución, que calificó de ‘‘conducta delictiva, esto es, trata de personas en materia electoral’’.

Se trata de una queja relacionada con el ‘‘traslado’’ de electores de Morelos y San Luis Potosí a Veracruz para registrarse en ese padrón en el contexto de las elecciones de 2010. A juicio del representante panista, no bastó con la amonestación pública a siete ciudadanos que realizaron el trámite de darse de alta en el padrón ofreciendo datos falsos al IFE, aunque no recogieron su credencial –lo que se consideró atenuante–, pues no se investigó a líderes príístas que estarían involucrados en esta operación. ‘‘Esto corresponde a una conducta delictiva organizada para trasladar ciudadanos y desde luego con esos ciudadanos empadronados obtener ventajas ilícitas en la elección local’’.

En respuesta, el consejero presidente Benito Nacif señaló que la única conducta corroborada fue los ciudadanos se registraron con datos falsos, pero en el otro caso –el involucramiento de personas que los hayan inducido– no queda más que la imputación mediante ofertas y engaños que se hicieron para que acudieran a los módulos fuera de su entidad.

Contra los argumentos del PAN que cuestionaban la investigación, Nacif dijo que las indagatorias se realizaron de manera exhaustiva, y con el marco legal vigente se turnó el caso a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Los consejeros Lorenzo Córdova y Marco Antonio Baños también defendieron el proyecto –que fue aprobado por unanimidad–, por lo que hace a los elementos efectivamente comprobados y los atenuantes mencionados. Mencionaron que existen disposiciones del Registro Federal de Electores que detectan movimientos atípicos en el padrón, los cuales son posteriormente investigados.

Sin embargo, Córdova reconoció que ‘‘estamos frente a una circunstancia que debe preocuparnos y llevarnos a afinar los protocolos de investigación para proceder en consecuencia’’.