El ciento por ciento de los casos de sentencia a muerte que enfrentan los mexicanos en Estados Unidos se dieron antes de que el gobierno de México implantara el Programa de Asistencia Jurídica para Casos de Pena Capital (MCLAP por sus siglas en inglés), afirmó Gregory Kuykendall, responsable del proyecto, que de los mil y un casos en los que ha intervenido, desde que se creó en 2000 hasta el 24 de marzo de 2014, se ha evitado o revertido la imposición de esa condena en 880 casos.

En entrevista, Kuykendall subrayó que al comparar los casos antes y después de la existencia de MCLAP, se observa que la probabilidad de que connacionales reciban pena de muerte es considerablemente menor en la actualidad, tras señalar que el índice de imposición de esta condena a mexicanos es de 0.7 por ciento, mientras que el porcentaje de aplicación de dicha pena para ciudadanos estadunidenses va de 8 a 14 por ciento.

Refirió que, actualmente, 60 mexicanos se encuentran sentenciados a pena de muerte; 51 de ellos forman parte del fallo de la Corte Internacional, conocido como Avena, por el caso de Carlos Avena Guillén, quien fue condenado a muerte en 1980, situación de la que no fue informado el gobierno mexicano sino hasta 1991, debido a que no se le otorgó el acceso a un cónsul al momento de la aprehensión, como establece la Convención de Viena.

A pesar de este fallo, que acata el gobierno de Estados Unidos, pero que no están obligados a atender los estados de la federación, de acuerdo con una decisión de la Suprema Corte de ese país, entre 2008 y 2011 fueron ejecutados José Medellín y Humberto Leal, a quienes tampoco se les garantizó el acceso a un cónsul, al igual que a Édgar Tamayo.

De los 51 casos del fallo Avena, tres han sido ejecutados, uno falleció de cáncer y a nueve se les conmutó la pena, por lo que permanecen en espera de ser ejecutados 37, mientras que 55 enfrentan procesos penales que pudieran derivar en la imposición de la pena capital.

Kuykendall explicó que MCLAP es un esfuerzo financiado por el gobierno de México. Aunque varía anualmente, trascendió que entre junio 2010 y mayo 2011, la administración mexicana a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores destinó a la defensa de los mexicanos en condiciones de ser sentenciados a muerte alrededor de 3 millones 500 mil dólares.

Estos recursos, refiere el abogado estadunidense, le han permitido contratar a los mejores defensores, aunque algunos han aceptado colaborar con él sin percibir un salario, debido a que ven algunos casos como un reto profesional de carácter excepcional. Los potenciales casos de pena de muerte le son reportados por los consulados de México en Estados Unidos.

Típicamente, comenta Kuykendall, los mexicanos sentenciados a muerte tienen un nivel cultural bajo. No quiero estereotipar, pero la mayoría son indigentes, casi todos vienen de medios muy bajos, con casi ninguna educación, con historiales de afectaciones mentales, como esquizofrenia, adicción a drogas, de padres alcohólicos, que han sufrido múltiples traumas corporales o sicológicos, por haber sido testigos de violencia en sus casas o en la calle.

Además, dice, típicamente las personas mexicanas o no, en la fila de la muerte han sido abusados terriblemente; parte del gran desafío para los abogados es encontrar todas las pruebas para comprobar que han sido victimizados. Una vez con documentos o testigos, entregamos esta información a sicólogos o peritos, que pueden explicar a un jurado que el cerebro de estas personas es diferente al del ciudadano promedio, esa es parte fundamental de la defensa.

Las personas en las filas de la muerte no son necesariamente terribles;, son sencillamente muy diferentes a un ciudadano que pudiera llamarse normal, dice.