Con la propuesta de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, el Estado mexicano defiende y protege los intereses de los monopolios, además de que da a la Secretaría de Gobernación facultades en diversos aspectos que no deberían estar bajo su control, como la supervisión de contenidos, la revisión de la programación dirigida a la infancia y el establecimiento de los tiempos de publicidad, lo que significa una vuelta total al pasado, advirtieron académicos especializados en el tema.

Con esta iniciativa de ley, “el Estado decidió volver a ser gerente de los monopolios y permitir que la telecracia gobierne en el campo de la cultura”, sostuvo Javier Esteinou Madrid, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana.

De acuerdo con esas disposiciones, dijo, los sectores sociales tendrán todos los obstáculos para que sus medios comunitarios puedan operar. Se les niega el acceso a financiamientos publicitarios y con ello se evitará que en las próximas elecciones haya mayor participación, la cual puede ser disidente del proyecto hegemónico que actualmente se está construyendo en la nueva fase del neoliberalismo que impulsa el PRI, advirtió.

Consideró fundamental que el Legislativo defienda todas las garantías y premisas incorporadas en la Constitución con la reforma en telecomunicaciones de junio pasado. Si los legisladores aprueban la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto sin modificarla, “habrán legitimado la Ley Televisa dos, con sus nefastas consecuencias para el desarrollo del país en el siglo XXI”.

Clara Luz Álvarez, docente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que quitar atribuciones a los órganos autónomos que deberían controlar diversas actividades relacionadas con las telecomunicaciones para dárselas a Gobernación es un gesto negativo.

El hecho de que Bucareli maneje aspectos como la supervisión de contenidos va contra lo que dice la Constitución y del espíritu de la reforma en la materia. No podemos decir que vivimos en democracia si la secretaría encargada de la seguridad también coordina la radio y la televisión abierta.

Erick Huerta, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, subrayó que en las normas legales sobre medios electrónicos hay disposiciones como las de hace 40 años, sin que pueda justificarse el predominio de Gobernación.

Básicamente, señaló, se trata de una contrarreforma en todo lo que se refiere a radiodifusión. En el tema de los pueblos indígenas, por ejemplo, se ignora la ley de derechos lingüísticos, donde se señala que deben concederse espacios a las lenguas nativas, deploró.

Por su parte, Carlos Alberto Lara, promotor, gestor y analista cultural, opinó en entrevista que los medios de servicio público, como el Instituto Mexicano de la Radio, el Canal 22 y el Once no tendrán un régimen que les permita desarrollarse. Habría que darles primero un estatus jurídico y luego una política de medios de servicio público. Si reúnes a todos estos medios, que en conjunto llegan a 70 por ciento de la población, casi podrías hablar de una tercera cadena, pero del Estado.

(Con información de Arturo Sánchez Jiménez)