La reforma energética viola la Constitución Política y los tratados internacionales firmados por México, porque los legisladores, en un exceso de sus facultades, hicieron cambios esenciales al sentido ontológico de la Carta Magna, advirtió Porfirio Martínez González, miembro fundador de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

Ante ello, consideró que es jurídica, política y moralmente válido oponerse a la mutilación constitucional, autorizada, dijo, por quienes pretenden entregar los recursos energéticos de la nación a las empresas privadas.

El especialista recordó que el 18 de marzo pasado, 719 ciudadanos presentaron una demanda de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra los cambios de fondo a los artículos 25, 27 y 28 efectuados por los congresos federal y locales, a iniciativa del Poder Ejecutivo.

Martínez González expuso que la enmienda elimina de la ley suprema el dominio directo sobre los hidrocarburos y la electricidad, así como la exclusividad de la nación para explotarlos.

Es decir, agregó, acordaron cambios esenciales lo que deviene en un acto contrario a la propia Carta Magna.

Subrayó que la propiedad de los recursos estratégicos que no simples mercancías hoy más preciados que nunca, es inalienable e imprescriptible, es decir, no pueden perderse por el paso del tiempo.

Hoy, dijo el abogado Martínez González, los conservadores de siempre pretenden imponer a la propiedad pública las modalidades que les dicta el interés privado en inglés y en dólares.