La manifestación de impacto ambiental (MIA) del proyecto turístico Cabo Dorado, planeado a un lado del arrecife Cabo Pulmo, en Baja California Sur, fue realizada por la misma consultora que hizo la del cuestionado y cancelado plan Cabo Cortés. Este documento tiene omisiones y las mismas deficiencias que el anterior, señaló Octavio Aburto, científico experto en ese parque nacional.

Advirtió que hay contradicción cuando la empresa La Rivera, que promueve este desarrollo, dice que el proyecto será radicalmente diferente al que se pretendía construir en esa misma reserva hace varios años.

Consideró que la firma debe responder a las preguntas de cuál es la capacidad que tiene ese ecosistema para sostener desarrollos humanos y, por ende, qué es lo que se puede construir, cuáles son los procesos y recursos naturales que deben ser protegidos para mantener su integridad y, por tanto, modificar el proyecto de acuerdo con esta protección. En otras palabras, dijo, ¿cómo demuestran los promoventes que nueve hoteles con un total de 3 mil 980 cuartos y 6 mil unidades residenciales, equivalentes a 22 mil 506 habitaciones, pueden ser soportadas en una área desértica con poca agua y muy limitados recursos naturales?.

Agregó que en el desplegado publicado por la empresa, con el que defendió su proyecto, no menciona la intención de edificar también dos campos de golf, una pista aérea, un acueducto de 14 kilómetros, los kilovatios de energía que requiere y otras obras que en términos ambientales nadie está pagando la factura. Ningún proyecto que se diga basado en la preservación y en el apoyo del desarrollo sustentable y la calidad de vida de los habitantes podría tener estas cualidades.

Explicó que si realmente la empresa quisiera contribuir y apoyar el modelo de ciertas comunidades en la región, como la del parque nacional Cabo Pulmo, promovería las fuentes de energía renovables y la protección de la costa y el mar, integrándose a lo que el ecosistema puede proveer.

El investigador del Instituto Scripps de Oceanografía, de la Universidad de California en San Diego, dijo que los costos ambientales de los megadesarrollos nunca se incluyen en las ganancias de los mismos y superan por mucho las contribuciones que dan a las poblaciones locales. Sólo como ejemplo, la pérdida de playas en Cancún es subsidiada por el gobierno, con costos de 200 millones de dólares al erario.

También planteó que la creación de 18 mil empleos llevaría a un incremento en la población del lugar, ya que habría migración nacional y extranjera. Explicó que la comunidad más grande cercana al sitio donde se pretende llevar a cabo este desarrollo es de únicamente mil 500 habitantes.

Como siempre, la falacia de generar empleos y derrama económica nunca pondera los problemas ambientales que estos megadesarrollos conllevan. Además, el crecimiento exponencial no planeado y que no ha sido previsto por los municipios ha sido probado reiteradamente en muchas áreas del mundo y varias veces en México, donde los costos a largo plazo son contundentemente más altos que los beneficios promovidos por estas inversiones.

Agregó que los promotores de Cabo Dorado deberían retirar la MIA y hacer un foro incluyente donde se puedan presentar y discutir todas estas opiniones, en aras de tener un proyecto futurista y líder, además de cambiar un modelo fracasado de turismo de sol y playa.